El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra evaluando los alcances de la reforma a la telefonía móvil aprobada por el Senado para definir si se inicia alguna acción de inconstitucionalidad, explicó Alejandro de la Rocha, consejero presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (Ichitaip).
Indicó que los datos biométricos ya se están utilizando por otras dependencias, como el SAT, el INE, diversos bancos y muchas aplicaciones, cuyo manejo lo hacen a través de programas que asignan un código, lo que disminuye el riesgo de un mal uso, acto que la reforma para la creación de un padrón de usuarios no menciona.
“Desde el punto de vista de seguridad puede preocuparnos que están pidiendo todo un combo de datos personales a través de los prestadores de servicio de telefonía celular y a su vez éstos los tendrán que reportar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será el órgano encargado de la garantía de los mismos”, dijo.
Por ello, explicó que se vuelve en una información sumamente delicada y sensible, con la cual se corre el riesgo de filtraciones, venta de datos, mal uso, que se viole la confiabilidad y la seguridad de los mismos.
Desde el punto de vista jurídico, según explicó, en materia de protección de datos hay varios principios que se tienen que atender, uno de ellos es la finalidad, el que quiere decir que cuando alguien esté tratando los datos personales debe informar de un fin específico, aspecto que no se indica en la reforma.
“Lo manejan de una manera general, no sabemos a qué se refiere con el tema de seguridad nacional, si es un tema de seguridad pública, de salud o de justicia y deben ponerse las finalidades. Tiene que haber una serie de disposiciones que le den una certeza al usuario de por qué se están recabando sus datos y cuál va a ser el destino de los mismos”, señaló.
Asimismo, explicó que quienes estén intentando cometer delitos pueden salirse por la tangente, porque en el mismo acuerdo se señala que están pidiendo los datos de las persona físicas que contraten las líneas, y en el caso de las personas morales, piden los del representante moral, es decir, no todos los usuarios quedarán registrados.
“Lo que a mí me preocupa es el proceso humano, las personas que van a estar recabando esa información. No es lo mismo que una agencia especializada resguarde la información, a que un funcionario de ventanilla me esté pidiendo esos datos sin dar a conocer el sistema”, dijo.
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