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Ejidatarios evitan desalojo por parte de policías municipales en apoyo a la Fiscalía estatal y de actuarios, al sostener una disputa de tierras que les fueron entregadas hace más de veinte años, alegan habitantes afectados “el problema está en el gobierno, no en nosotros, pues ellos nos los dieron hasta con papeles”.
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Fue ayer antes del medio día que un grupo de policías municipales y actuarios llegaron a las tierras del ejido Patria Nueva, ubicadas en la carretera a Majalca, donde con orden de un juez estos últimos manifestaron a los habitantes de por lo menos cincuenta viviendas que serían desalojados y les indicaron que sacaran sus pertenencias, o bien les dijeran a dónde las llevaban.
Los primeros afectados que observaban cómo sacaban sus pertenencias comenzaron a dar aviso a todo el ejido, por lo que no pasó mucho tiempo para que centenares de pobladores se agruparan y se colocaran en los exteriores de las viviendas que desalojaban para evitar las acciones de los actuarios, alegando tener los papeles de sus tierras en regla.
Actuarios y policías al ver la cantidad de gente y que mostraban documentos donde el juzgado se había desistido de dar la orden hace años, optaron por retirarse para evitar un conflicto mayor, quedando los pobladores en guardia por si las autoridades regresaban con apoyo.
Una vez que regresó la calma los habitantes llevaron a cabo una reunión para ver qué acciones tomarían para evitar los desalojos, pues al parecer las autoridades regresarían; revisaron incluso la orden que llevaban los actuarios, pero ésta tenía fecha de resolución desde el pasado 2014 y sólo le pusieron arriba el mes y años corrientes.
Dentro de la plática entre propietarios señalaron que desde hace más de veinte años el propio gobierno le había quitado esas tierras a la dueña, de nombre Felipa, con convenios y arreglos que ellos mismos hicieron, para luego hacerles entrega oficial a ellos de escrituras, y hoy parece que la familia de la mujer es la que pelea las tierras; agregaron que no es culpa de ellos, pues todo lo hizo el gobierno y les dijo que todo estaba en regla.
Ahora hay más de cien familias en el ejido, pues los terrenos que hoy habitan y trabajan han sido heredados incuso de familia en familia y nunca habían tenido ningún problema, pues a final de cuentas fue la Sedatu la que hace más de veinte años gestionó todo para que se hicieran poseedores de dichas tierras que ahora son peleadas por supuestos dueños, señalaron los afectados.
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