Ex directores y funcionarios del Colegio de Bachilleres están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública, tras un procedimiento administrativo que promovió la directora general del Colegio de Bachilleres, María Teresa Ortuño Gurza, el 2 de agosto del año 2018, por una serie de irregularidades que detectó en este organismo.
A través de los expedientes 054/2017, 017/2018, 052/2017, Carlos Jesús Bastardo Murillo, jefe del departamento de Responsabilidades Administrativas, de la Secretaría de la Función Pública, se encuentra notificando a cinco exfuncionarios y ex directores del Colegio de Bachilleres por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Se trata del contralor, Raúl Mauricio Meléndez Sierra; el jefe del Departamento de Recursos Financieros, José Luis Fernández Serrata; el ex director general Miguel Primo Armendáriz Sonza; el jefe de departamento Jesús Chacón Rodríguez; la directora del Cobach 3, Delia Ramona Ponce Rodríguez, y el ex director general Gonzalo Alberto Aguilera Gutiérrez, quienes están siendo notificados por la Función Pública por un procedimiento administrativo que se encuentra en curso.
Según lo previsto en los oficios 873/2018, 877/2018 y 876/2018, en pasados meses se ha intentado dar con el paradero de todos los antes mencionados, sin que hasta el momento se tenga contacto o información de los mismos, por lo cual se realizó una notificación pública con el objetivo de que atienda el llamado a la investigación que realiza la dependencia.
Sin que hasta el momento se conozca sobre la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública contra estos ex funcionarios del Colegio de Bachilleres en el estado, primeros informes revelan que podría tratarse de actos o eventos cometidos durante su gestión, principalmente en el manejo de recursos públicos de la institución.
En el año 2016, Raúl Mauricio Meléndez Sierra, contralor, fue acusado por el entonces representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Ramón Galindo, de tener un departamento de lujo en el edificio del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), que tiene un costo aproximado de 700 mil pesos y que contaba con una recámara matrimonial, clóset, televisor con bocinas integradas, un mini split y un baño con regadera y sanitario, ambos con puertas de cristal y piso de mármol.
Por otra parte, José Luis Fernández Serrata, quien era jefe de Recursos Financieros, controló por varios años el tema financiero del Colegio de Bachilleres, ya que participaba en la adquisición y licitación de este organismo, motivo por el cual podría ser señalado por la SFP y previsto por la directora Teresa Ortuño.
Los ex directores Primo Armendáriz y Gonzalo Alberto Aguilera Gutiérrez al ser titulares de la dependencia, recae la responsabilidad de todo el organismo, el cual está señalado por periodos de gestión y por lo cual fueron incluidos, sin que hasta el momento se conozca más sobre alguna irregularidad importante o daño al patrimonio que requiera de una sanción administrativa o penal.
Al buscar mayor información a través de la Secretaría de la Función Pública y el Colegio de Bachilleres, ambos se negaron a compartir información sobre estos procedimientos administrativos disciplinarios, pesa a que existe una notificación pública que requiere de la presencia de los involucrados.
Te puede interesar: