Según la Fiscalía, la alcaldesa con licencia pedía 40% a cambio de asignar contratos, como las turboglorietas.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos por el delito de cohecho señala la celebración de una serie de contratos a determinadas empresas, que sólo en concepto de camellones, parques y jardines ronda los 18 millones de pesos.
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De acuerdo con la documentación presentada por la Fiscalía, los servidores públicos municipales celebraron contratos de prestación de servicios, pese a diversas irregularidades, con el propósito de beneficiar económicamente a Campos Galván con un porcentaje de cada proyecto, el cual se tasaba en 40% del total de la obra, según se documentó.
Esta segunda carpeta de investigación que mantiene la FGE en contra de la ahora precandidata de Acción Nacional a la gubernatura establece que inició en 2016 por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, en el marco de cohecho.
Dentro de los antecedentes de los hechos, que logró obtener El Heraldo de Chihuahua, según la dependencia en marzo de 2017 una empresa denominada imagen Logística Empresarial, SA de CV, abrió una cuenta en BBVA Bancomer para uso de Miguel Alfredo Aragón Reta, quien la utilizó desde esa fecha hasta el 16 de octubre de 2018 por un monto aproximado de un millón de pesos para cubrir los gastos personales de Campos Galván y que los recursos no pudieran ser fiscalizados. A cambio, la compañía habría obtenido la promesa de obtener nuevos contratos con el municipio de Chihuahua.
Bajo ese esquema –de acuerdo con la FGE— se llevaron a cabo múltiples contratos en mantenimiento y limpieza de parques y jardines, así como camellones y al parecer, incluso, el proyecto de las turboglorietas.
Todo ello en un periodo de 2016 a 2018 en colaboración con otros servidores públicos, que intervinieron en procesos irregulares de licitación.
Actualmente, los agentes investigadores mantienen dos carpetas de investigación activas en contra de la alcaldesa con licencia; la primera inició en 2018 por presuntamente haber recibido varios pagos del exgobernador César Horacio D. J. en el marco de la operación llamada “nómina secreta”.
En ese sentido, según las denuncias de la Fiscalía, aproximadamente mil millones de pesos del erario fueron desviados y entregados a más de 100 personas durante la administración 2010-2016.
De los beneficiarios, se identificaron pagos a legisladores locales y federales de distintos partidos; durante 2014 y 2015 se localizaron más de 24 entregas de dinero en efectivo, que acumularon cerca de 14 millones de pesos, a los líderes de la fracción parlamentaria del PAN del Congreso local 2013-2016, entre ellos María Eugenia Campos, acorde con la Fiscalía.
La segunda carpeta de investigación es por cohecho y se integró en 2020 por el uso ilegal de atribuciones y facultades, al documentarse que pedía sobornos para entregar obras públicas o se beneficiaba de dichos contratos.
Más aspectos de la “nómina secreta”
La conocida “nómina secreta” se trataba de pagos ilegales que el exgobernador otorgaba a varias figuras públicas, cuya investigación se mantiene abierta, a partir de la cual la Fiscalía ya ha realizado la detención de varias personas.
Según datos recabados, existe el pago de 2 millones de pesos en 2013 al coordinador de la bancada local del PAN, para que diera su apoyo en la ratificación a la reestructura de la deuda pública.
Durante 2014 y 2015, la FGE asegura haber localizado más de 24 entregas de dinero en efectivo, que sumaron cerca de 14 millones de pesos, a los líderes de la fracción parlamentaria del PAN del Congreso local 2013-2016.
Lo anterior motivó el ejercicio de la acción penal de la FGE en contra de los legisladores, incluidos los líderes panistas, así como otros exdiputados de distintos partidos, ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, con fecha del 24 de noviembre de 2020, por el delito de cohecho establecido en el artículo 269 fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, radicado en el Tribunal bajo el número de Causa Penal 2821/2020, cuya Audiencia de Vinculación a Proceso, según registros judiciales, está pendiente de agendarse.
El respaldo a favor del exgobernador por los pagos realizados se relacionan con las iniciativas presentadas en el Congreso local, como las leyes de ingresos y egresos de 2014, 2015 y 2016; la reestructuración la deuda pública de 2013, la aprobación de la cuenta pública del 2014 y la capitalización de la deuda pública mediante la fibra “E” de infraestructura carretera en 2015.
En las acusaciones se señala a uno de los líderes panistas, César Jáuregui Moreno, por presuntamente recibir 2 millones de pesos en efectivo en el hangar de gobierno, como apoyo en la contienda interna para la dirigencia estatal del PAN en 2014, así como $1.4 millones en 2015, por el respaldo a la fibra “E” de infraestructura carretera dentro de la reestructuración de la deuda pública del gobierno duartista.
También obra el pago con dinero público de una tarjeta de crédito a nombre de María Eugenia Campos mediante depósito bancario. Por su parte, ella se encontraba en calidad de secretaria de la Comisión de Fiscalización, que en 2015 aprobó la Cuenta Pública de 2014 de la administración de César Horacio D. J., dictaminando que no existían irregularidades en el manejo del dinero público.
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