Sólo tres viviendas de nueve que acordaron entregar como fecha límite para el 30 de septiembre, como parte de un acuerdo judicial que se dio el pasado 12 de septiembre, en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado, fueron desocupadas.

Con lo anterior se pudo concretar únicamente un acuerdo reparatorio en 3 de los 9 detenidos, por lo que otras seis personas, el próximo 14 de octubre se les formulará imputación por el delito de despojo ante un juez de Control, ya que no cumplieron con el acuerdo de entregar las viviendas.

En una audiencia celebrada ayer, el abogado defensor argumentó que la entrega no se realizó por falta de recursos para habitar otra y “un temor de salir a la calle debido a la presencia policiaca y cateos”.

La juez Delia Meléndez Olivas consideró el argumento de la defensa como irresponsable, debido a que cada uno de los 9 imputados optaron por una salida alterna.

“Ellos se comprometieron a desocupar las viviendas y no lo hicieron y cada uno había aceptado las condiciones de este honorable tribunal”.

Las casas que permanecen ocupadas corresponden a los números: 2222, 2239, 2247, 2250, de la calle Derechos Humanos.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales recibieron desde el mes de enero del presente año la querella en contra de quienes de manera ilícita invadieron las casas del fraccionamiento ubicado cerca del periférico Francisco R. Almada.

Durante la integración de la carpeta de investigación, en diversas ocasiones se citó a quienes se metieron a ocupar de manera ilegal las citadas propiedades para hacerles de su conocimiento que estaban incurriendo en un delito.

Para lo cual, el pasado 18 de septiembre se llegó a un acuerdo reparatorio con los nueve imputados, consistente en que deshabitarían las viviendas a más tardar el día lunes 30 de septiembre, sin embargo, sólo tres cumplieron.

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