El actual Tesorero del Municipio de Nuevo Casas Grandes fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), tras haber sido acusado de violencia familiar, por lo cual se cumplimiento la orden de aprehensión correspondiente.
El detenido, identificado como José Luis G. A., de 35 años de edad, fue arrestado la noche del miércoles 4 de septiembre en la intersección de la avenida Emiliano Zapata y la calle Independencia, en la colonia Villahermosa. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó que la detención fue resultado de un esfuerzo de investigación coordinado por la Fiscalía Especializada en la Zona Noroeste.
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José Luis G. A. es señalado por su probable participación en actos de violencia familiar, donde presuntamente ejerció poder abusivo sobre su víctima con la intención de dominarla, controlarla y someterla mediante agresiones. Este tipo de violencia es uno de los delitos prioritarios en la lucha contra los crímenes de género en la región, según las autoridades.
El detenido fue presentado ante el Juez de primera instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, quien lo requería por los delitos imputados. En las próximas horas, agentes del Ministerio Público expondrán los antecedentes de investigación recabados contra el acusado, con el fin de formalizar las acusaciones y determinar su situación legal.
La Fiscalía Especializada subrayó que el caso es parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia de género en el estado de Chihuahua, una problemática que ha cobrado relevancia debido al incremento de denuncias en diversas regiones, especialmente en zonas vulnerables como la Zona Noroeste.
Según la FEM, la colaboración entre las autoridades locales, los cuerpos policiales y la ciudadanía es clave para prevenir, investigar y sancionar estos delitos, garantizando la protección de las víctimas.
Como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el detenido será considerado inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia judicial firme. Las autoridades hicieron un llamado a respetar los derechos procesales del imputado, a la vez que reafirmaron su compromiso con la búsqueda de justicia para las víctimas de violencia.