El que una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) esté fuera de la ciudad, como sería en el Kilómetro 72, en las afueras de Ciudad Juárez, ya está violando un derecho humano de personas en situación de movilidad y las expone a mayores riesgos de salud y podría haber maltratos por parte de algunos agentes federales de migración, por lo que en primera instancia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) estarán vigilantes en cada movimiento que se haga en ese lugar.
Gabriela Romero, abogada en DHIA del área de Incidencia explicó cuáles son algunos derechos humanos que se estarían violando con el hecho de que se construya una estancia migratoria fuera de la ciudad, entre el desierto y la nada.
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“Entiendo que no hay una publicación oficial desde el Instituto Nacional de Migración, sin embargo, a través de medios hemos visto que lo ha dicho el titular (Francisco Garduño), entonces lo tomamos como cierto”, dijo la abogada.
Esta lejanía del lugar, DHIA, la entiende como una política de segregación.
“Creo que se está consintiendo o se está dando la entrada a esta política de segregación que es todo lo contrario a incluir o que las personas logren su desarrollo en esta comunidad, que no solo ha sido de tránsito, sino que también se ha convertido en vivienda para muchas personas; esta es una forma de segregar, de separar, de no incluir y sobre todo limitar los derechos de esas personas que buscan un desarrollo, independientemente si cruzan a Estados Unidos o no, pero podrían incluirse a la vida laboral de la ciudad”, comentó Gabriela Romero.
La abogada señaló que los procesos administrativos que realizan en la estancia del INM no deben ser mayores a 72 horas, para que se dé una resolución migratoria, pero aun así recordó que es imposible recordar y retomar los lamentables hechos del 27 de marzo, en el incendio donde 40 personas que esperaban un proceso migratorio perdieron la vida debido a un incendio, donde la estación de bomberos estaba a minutos.
El derecho a la salud es otra violación que se estaría cometiendo en una estancia a 72 kilómetros fuera de Ciudad Juárez.
“Pensamos que tendrían un departamento médico, algún dispensario, pero una urgencia médica, tendrían que ser trasladados 72 kilómetros para ingresar a la ciudad”, comentó Romero.
Los dos hospitales más grandes y cerca que atienden emergencias importantes sería el Hospital General, que es transitar toda la avenida Tecnológico y con el tráfico que hay, y otro más cercano sería el IMSS 66 en avenida de Las Torres, donde también hay un exceso de tráfico.
“Con el puro anuncio de hacer un INM allá, ya se estaría violentando el derecho de la salud, teniendo en consideración el antecedente tan terrible del año pasado, donde murieron tantas personas y otras quedaron lesionadas”, señaló la abogada de DHIA.
Aunado a la lejanía, la falta de hospitales, se le suman las condiciones ambientales y las consideraciones del desierto con condiciones climáticas extremas, ponen en riesgo la salud de quienes estén en esa zona.
“Si están congregados en un lugar donde no es casa-habitación, esto pudiera permitir que la fauna se acercara; vamos a los extremos una picadura de una víbora o de los animales del desierto, incluso un coyote, pudiera parecer exagerado; pero con el cambio climático, la sequía y si los animales no tienen que comer y hay asentamiento humano podrían acercarse”, dijo la también derechohumanista.
La ubicación de esa posible estancia migratoria, hace vulnerable a la persona a tener sus procesos legales, ya que no existe cerca una defensoría, no están cerca las organizaciones civiles que se dedican a promoción y defensoría de los derechos humanos de las personas en movilidad.
“No hay un acceso rápido a esos sistemas o instituciones de acceso a la justicia, cómo podríamos revisar que esos procesos se realicen de forma adecuada; Tenemos antecedentes que estos procesos han sido de otra forma”, mencionó la abogada.
Recordó que el año pasado, tras el siniestro en la estancia provisional migratoria de INM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación, principalmente recalcando que se adecuen los espacios.
“El enfoque de todo o el centro debe ser la persona y el respeto a sus derechos humanos; luego los enfoques de no criminalizar y sobre todo uno de los más importantes, es que el migrar de forma irregular (en México) no es un delito y partiendo de ahí tendría que adecuarse no solo la infraestructura sino los procesos administrativos que lleva esa autoridad”, comentó Romero.
Las acciones que ya está tomando DHIA es hacer sus reportes para mandarlos a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos u organismos interamericanos; también se han reunido con organizaciones involucradas en pro del migrante para abordar el tema de esa estancia migratoria.
“Todos tenemos la misma preocupación, la misma inquietud y los acuerdos que tenemos hasta ahorita son monitoreo y vigilancia, en todo momento sumarnos a las causas para la exigencia por mecanismos legales aunados las manifestaciones que públicamente hace DHIA”, finalizó Gabriela Romero, abogada en DHIA
Nota: El Heraldo de Juárez
