La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, recabó cerca de 40 testimonios presenciales de los hechos, videos de vigilancia, un audio y todo lo necesario para llevar ante un juez de distrito a cinco detenidos por la tragedia donde perdieron la vida 39 indocumentados y donde también 28 más quedaron lesionados.
Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos de la causa penal 216/23, los agentes del ministerio público confirmaron que el grupo de indocumentados estaban encerrados con candado en el Instituto Nacional de Migración y que hubo un momento donde los presentes no encontraban las llaves y decidieron irse del lugar.
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“Escuchamos que las personas del lugar se preguntaban por las llaves, comenzaron a buscarlas y no las encontraban, se preguntaban de un lugar a otro, pero jamás las encontraron”, refiere parte de los testimonios que fueron reproducidos por los agentes del ministerio público que presentaron a los cinco detenidos ante un juez.
Estas versiones fueron compartidas por la mayoría de las mujeres que lograron salir de ese lugar, quienes tuvieron la posibilidad de visualizar desde el interior y el exterior lo que estaba ocurriendo, además de que identifican a los que se encontraban en el lugar, ya que muchos tenían varios días encerrados en esas oficinas de migración.
En la primera audiencia donde la Fiscalía General de la República formuló los cargos por homicidio y lesiones en contra de Jason, Gloria Lilia, Daniel, Rodolfo y Alan Pascual, se detalló que la estancia del Instituto Nacional de Migración era de tipo “B” que es una celda de 48 horas de permanencia de personas migrantes, pero se presentó información que incluso había personas que tenían desde el 25 de febrero en el interior, retenidos de su libertad.
De igual forma, se dio a conocer que existen otros tipos de centros como el “A”, donde las personas retenidas pueden pasar 5 días continuos en el lugar, pero no existen instalaciones para que una persona pueda pasar más de un mes encerrado, bajo el pretexto de algún trámite migratorio.
Parte de la información que presentaron fue que un grupo de cuatro venezolanos comenzaron con una serie de inconformidades, pues de acuerdo con los testimonios, no había agua, alimento ni papel de baño, artículos que deberían estar contemplados para los indocumentados que se encuentran retenidos en estas celdas.
También se dio a conocer que sería uno de los venezolanos quien también dañó algunas cámaras de seguridad, al parecer momento antes de que se generara el incendio que se salió de control y que terminó con la vida de los indocumentados el pasado 27 de marzo dentro de las instalaciones ubicadas en Juárez.
Para poder acceder con mayor velocidad a los detenidos, Protección Civil del Estado realizó un boquete en una de las paredes, por donde salió parte del humo que se había acumulado al interior y comenzaron a acceder a las instalaciones donde encontraron decenas de cuerpos desvanecidos y otros más severamente lesionados.
La Fiscalía General de la República planteó que hicieron algunas solicitudes al respecto y que no les fueron atendidas, pero que ante la inconformidad, solicitaron un cigarro y un encendedor, lo cual presuntamente fue vendido por uno de los guardias que se encontraba en el lugar, sin que de momento se especifique de quién se trata.
Los venezolanos, se explicó en la audiencia de formulación de cargos, fueron quienes estuvieron apilando las colchonetas de los que se encontraban en las celdas y fue Jason N. el que decidió comenzar el fuego de las mismas, y finalmente ocurrió el fatal desenlace que cobró la vida hasta el momento de 39 personas de diferentes nacionalidades.
La FGR presentó los datos de prueba, conforme todo lo que logró recabar con el paso de 3 días, donde decidieron ir por las personas que se encontraban presentes en el día de los hechos, así como por uno de los encargados de estas instalaciones, pero no por algún servidor público encargado del INM en el estado o en la zona norte de la entidad.
Los cinco detenidos fueron capturados la madrugada del jueves 30 de marzo, sin embargo, fueron llevados ante el Poder Judicial de la Federación alrededor de las 18:00 horas, pero la audiencia se retrasó por una serie de trámites jurídicos y se aplazó a las 22:00 horas de la noche, cuando dio inicio la lectura de los antecedentes de prueba y todo el material de descarga que había en su contra.
Entre las 5:00 horas del 31 de marzo, el juez federal Ernesto Cornejo Ángeles decidió que había elementos suficientes para suponer que los cinco detenidos habrían participado en alguna manera en el incidente donde murieron decenas de migrantes, por lo cual decidió enviar a prisión preventiva a todos los imputados.
Los cinco detenidos decidieron apegarse a una duplicidad del término, para que se resolviera su situación jurídica en un periodo de 144 horas, y se determinó que el próximo 4 de abril se celebrará la audiencia de vinculación a proceso, donde se decidirá si continúan detenidos o no en lo que se sigue el proceso penal en su contra.
La fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, dio a conocer que al momento falta una persona por ser detenida, pero que los agentes federales ya cuentan con la orden de aprehensión, y que se trata de un empleado de la empresa de seguridad Grupo Camsa SA de CV, en su filial Grupo Tank.
Con información de Jorge Meza
