A un mes de distancia de la tragedia que le costó la vida a 40 migrantes y lesiones a otros 27, se observan sesgos en la aplicación de la justicia, toda vez que los altos mandos del Instituto Nacional de Migración llevan su proceso en libertad, en tanto los mandos medios y bajos están detenidos en el Cereso 3 de esta frontera.
En el caso de Francisco Garduño y Antonio Molina Díaz , imputados el pasado martes por jueces penales que conocen sus causas, llevarán a cabo el proceso en libertad y con medidas cautelares sumamente benignas.
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El pasado 27 de marzo, entre las 21:15 y 21:50 horas, se registró un incendio en la estación migratoria Reforma, incendio que provocó la muerte de 40 migrantes y ocasionó lesiones a otros 27.
La mañana del día 28 y gran parte de la madrugada del día 29, la Fiscalía General de la República se dio a la tarea de declarar a varios funcionarios del INM, algunos que estaban presentes a la hora del incendio y otros que ya estaban en sus casas e incluso algunos que no laboraron ese día.
Al mediodía del 29 de marzo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció en rueda de prensa que no habría impunidad en relación a los hechos del día 27 y que ya se habían solicitado ocho órdenes de aprehensión para el mismo número de personas involucradas en los hechos.
Para el 31 de marzo se dio a conocer que ya se tenía a cinco personas detenidas, señalando que en breve se darían a conocer los nombres de dichos detenidos y los delitos de los que se les iba a acusar.
La audiencia de imputación de los cinco detenidos se llevó a cabo el día 4 de abril y en dicha audiencia se dio a conocer que Daniel N., Rodolfo N., Gloria N., Alan N, y Jaison N, aparecían como presuntos responsables del incendio en la estación migratoria, algunos por omisión y en el caso de Jeison N. , migrante venezolano, como autor material, ya que él fue quien presuntamente inició el fuego.
Los delitos por los que fueron imputados son homicidio doloso, lesiones, daños en propiedad ajena y otros posibles delitos que están pendientes de determinarse.
Familiares de los empleados del INM señalaron que a varios de sus seres queridos los llevaron a declarar bajo engaño y que a la hora de rendir sus primeras declaraciones no contaban con abogado defensor o público presente.
"Como que la FGR tenía prisa por encontrar culpables y trataba a toda costa de tranquilizar a la opinión pública", señalaron en su momento familiares de uno de los detenidos.
Días después de esta imputación, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, anunció que se tenían más órdenes de aprehensión vigentes de ejecutar y que había la instrucción de citar a comparecer a los altos mandos del INM, incluido entre ellos el señor Francisco Garduño Yáñez , actualmente imputado en la causa penal 237/23.
Luego del anuncio de la SSPC, el día 13 de abril fueron detenidos los empleados del INM, Eduardo A.M, Juan Carlos M.C., y Cecilia R.T, mismos que enfrentaron la audiencia de vinculación a proceso el día 19, quedando imputados los dos varones y la mujer en libertad, ya que sus atribuciones no estaban directamente relacionadas con la estación migratoria Reforma y ella se encontraba adscrita a Janos, Chihuahua, cuando sucedieron los hechos.
De igual forma, los familiares de Juan Carlos M.C. señalaron que las labores de su ser querido no estaban ligadas en lo más mínimo a la estación migratoria, sin embargo, el juez de la causa 235/23 determinó vincularlo a proceso ya que él aparecía como responsable de la unidad Interna de Protección Civil, situación que fue señalada como parte de las omisiones en que incurrió el funcionario.
Los dos vinculados están señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito de la función pública.
Luego de la vinculación de los dos empleados, el día 17 de abril se detuvo al contraalmirante Salvador González Guerrero, titular de la representación en Chihuahua del INM, quien a pesar de contar con un amparo federal fue puesto bajo custodia y enviado al Cereso 3 de esta frontera.
Luego de su detención, el día 23 de abril se le dictó auto de vinculación a proceso, destacando que hasta el momento es el funcionario de más alto rango que permanece encarcelado con motivo de los lamentables hechos.
Contrastante con la situación de los vinculados ya señalados, hace un par de días se imputó a Francisco Garduño Yáñez y a Antonio Molina Díaz, quienes a pesar de incurrir en las mismas conductas omisivas ya señaladas en los otros vinculados, a ellos sólo les señalan como presuntos responsables del delito de ejercicio ilegal de la función pública y en el caso de ambos, con medidas cautelares sumamente complacientes.
En el caso de Molina se debe presentar a firmar una vez por mes y en el caso de Garduño dos veces por mes , conservando ambos sus actuales puestos y respectivos salarios, además de que continúan en posesión de sus respectivos pasaportes y con la única condición de avisar al tribunal cuando tengan necesidad de salir del país.
Molina y Garduño no deberán responder ni por homicidio, ni lesiones ni tampoco por los daños ocasionados en la estación migratoria Reforma.
