El contraalmirante Salvador G., quien fungiera como titular de la representación Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, fue vinculado está tarde a proceso penal, luego de que el juzgador encontrara elementos suficientes para emitir dicha resolución.
Lo anterior luego de concluir la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo el día de hoy en el marco de la causa penal 235 /23, misma que fue presidida por el juez federal Juan José Chávez Montes.
Lo anterior derivado de los hechos que se suscitaron el pasado 27 de marzo en la estación migratoria del INM, misma en la que resultaron muertos 40 migrantes y 27 quedaron lesionados, luego de registrarse un incendio el cual aparentemente fue provocado por un migrante de origen venezolano.
La audiencia se llevó a cabo en el edificio se justicia federal ubicado sobre la avenida Tecnológico de esta frontera, sitio al que arribó el contraalmirante al filo de las 8:30 horas para atender la audiencia que dio inicio a las 9:01 de este sábado.
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La defensa del militar en retiro quedó en manos del abogado José Manuel Arciniega Robles luego de que fuera revocado el abogado particular Daniel Álvarez Correa, quien luego de saber que había sido revocado por el Salvador G.G., se retiró de la sala.
La defensa de el contraalmirante se basó en tratar de desestimar la actuación del MPF en el sentido de que, de acuerdo a documentos internos del INM, Salvador G., no tenía bajo su responsabilidad directa lo relacionado con la custodia e integridad de los migrantes alojados en la estación migratoria el 27 de marzo.
El defensor hizo alusión a que en ninguno de los documentos de descripción del puesto del contraalmirante se especificaba que el fuera uno de los responsables de la integridad física de los migrantes ubicados en dicha estación migratoria, además que su cargo se limitaba exclusivamente a tareas de tipo administrativo.
El Ministerio Público Federal desestimó dicho argumento al señalar que el contraalmirante era el encargado de despacho del INM en todo el estado y que tanto las estaciones migratorias temporales como las fijas eran parte de su responsabilidad y estaba obligado a supervisar su funcionamiento, además de que debía garantizar la seguridad física de los que estaban ahí alojados y el personal que laboraba en el mismo.
Lo anterior fue sustentado con un oficio enviado en mayo del año pasado a todos los representas en los estados, mismo en el que se les insistía en relación a los protocolos de actuación acerca de la revisión corporal de los migrantes, así como lo relativo al plan de contingencia en caso de incendio.
En las argumentaciones finales ya cuando el juez había escuchado todos los alegatos de ambas partes, el juez argumentó que a lo largo de ambas disertaciones había detectado una serie de omisiones por parte del ahora vinculado.
El juez coincidió con el Ministerio Público Federal en el sentido que no era posible que el contraalmirante no estuviera enterado de las condiciones que privaban al interior de la estación migratoria del puente Reforma, toda vez que el recibía informes pormenorizados todos los días de que es lo que pasaba en el sitio.
Señaló el juzgador que el acusado dejó de vigilar una serie de responsabilidades que el como funcionario tenía y era ahí donde residía la omisión, omisión que le costó la vida a 40 personas y dejó lesionadas a otras 27.
Luego de todas las argumentaciones el juez decidió vincular al contraalmirante Salvador González por los delitos de ejercicio indebido de la función pública, homicidio a título de dolo y lesiones, y resolvió que el ahora vinculado permanezca en prisión preventiva oficiosa 4 meses más en el Cereso 3 de esta frontera.
Tanto el MPF como la defensa solicitaron al juez ver la posibilidad de que el vinculado fuera trasladado a una prisión militar para continuar ahí con la prisión preventiva, sin embargo, el juez desecho de plano la petición argumentando que él no tenía injerencia en el fuero militar.
