El exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Eduardo Esperón González, fue detenido por desviar 20 millones de pesos del erario en beneficio de una empresa denominada “Infocom Sistemas de Información SA de CV”, que sería la encargada de acondicionar algunas áreas del Centro de Justicia, pero que, en cambio, el dinero tuvo como objetivo cumplir un “compromiso” entre el exgobernador César Duarte con el dueño de dicha empresa.

Luego de acreditar su coparticipación en el desvío de 20 millones de pesos solicitados a la Secretaría de Hacienda en 2015, Eduardo Esperón fue detenido por ser el encargado de firmar, recibir y entregar esta cantidad de dinero a la empresa Infocom Sistemas de Información, de Javier Muruato, quien debía de acondicionar la Ciudad Judicial, pero en cambio “cubrió” un favor instruido por el entonces gobernador.

Según la declaración del Ministerio Público y algunos testigos que laboraron en la Secretaría de Hacienda, refieren que Eduardo Esperón se reunió con el entonces auditor superior del Estado, Eduardo Esparza Flores, quien personalmente le dijo que debería sacar el recurso para entregarlo a Javier Muruato, ya que había apoyado a César Duarte desde hace varios años y que él sólo tomaría 3 o 5 millones de los 20 mdp que pediría el exsecretario.

En la audiencia de imputación, con causa penal 2550/2018, encabezada por el juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán, que se realizó ayer en la sala 6 de la Ciudad Judicial, las investigaciones determinaron que Eduardo Esperón en 2015 concretó o coparticipó en el desvío de 20 millones de pesos, los cuales justificaría a través de un pago a un empresario, pero al parecer se trató de una simulación para distraer el dinero.

En la audiencia se determinó que Eduardo Esperón acató la instrucción del exmandatario, quien debía un favor de 70 millones de pesos para Javier Muruato, quien había brindado el apoyo en diferentes ocasiones a César Duarte y que parte del pago lo realizarían con el desvío del recurso económico.

Luego de la lectura de los antecedentes y la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público, el juez Octavio Armando Rodríguez determinó que el exfuncionario tiene suficientes propiedades y “compromisos” en la ciudad de Chihuahua, por lo cual no ve la posibilidad de abandonar la justicia y escapar de su responsabilidad en el delito de peculado agravado.

Por lo cual, dictó tres medidas cautelares para el detenido, que consta de dejar una garantía de 8 millones de pesos, presentarse ante las autoridades cada ocho días y cargar siempre un localizador para asegurar que no evada la justicia como se comprometía hasta que finalice dicho procedimiento en su contra.

A su vez, se otorgó un plazo de seis días para realizar la segunda audiencia, para dictar o no la vinculación a proceso, la cual se llevará a cabo en punto de las 11:00 horas de la mañana, por lo que deberá presentarse el próximo 7 de agosto por su voluntad ante la determinación del juez de no imponer la prisión preventiva.