Según un boletín de la Fiscalía General del Estado, la defensa terminó por apoyar la teoría de la representación social ya que aportó documentales que comprueban que al hermano de la alcaldesa se le transfirieron recursos por trabajos no prestados, además de que se evidenció el plagio de un estudio.
En la audiencia de vinculación o no a proceso de la alcaldesa con licencia, María Eugenia C.G. la defensa nunca desvirtuó o atacó el caudal probatorio sobre el dinero en efectivo recibido por la ex diputada en distintas entregas y transferencias, por más de 9 millones de pesos del erario estatal, informó la Fiscalía General del Estado.
En una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la agente del Ministerio Público destacó que la defensa se concentró en atacar a dos testigos pero no en desvirtuar que la entonces diputada haya recibido el numerario, tampoco en desacreditar la transferencia para el pago de su tarjeta, lo que se comprobó con documental de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además del testimonial de la persona comisionada para hacer la operación.
Nunca se desacreditó el pago de recursos públicos a favor de su hermano por servicios no prestados, o simulados. En lugar de atacar las pruebas documentales y testimoniales, la defensa optó por realzar el trabajo y la carrera del hermano de María Eugenia C.G. y terminó por aportar más pruebas a favor de la teoría de la representación social.
La agente del Ministerio Público explicó ante el Juez de Control, el contenido de los documentos que aportó la defensa en una serie de correos, donde se detallan los supuestos entregables, que no son otra cosas que escritos simples, unas cuantas hojas, de un estudio que muestra claros indicios de ser producto de un plagio, verificable en la red de Internet.
En términos claros, de acuerdo con lo expuesto en el debate por parte de la MP, se hizo un “copy paste” de información de un estudio de una empresa española y se facturó por concepto de servicios profesionales, mes a mes, entre 40 y 44 mil pesos, por supuestamente un estudio de mercado del mueble en Texas y Arizona.
La evidencia quedó en los correos y los 6 documentos adjuntos donde se especificaban los pagos y facturas pendientes con los motivos y supuestos entregables ya señalados, en algunos de los casos con hojas repetidas y simples índices del estudio plagiado.
De acuerdo con el Ministerio Público tampoco atendió la defensa el caudal probatorio sobre los encuentros y las llamadas que María Eugenia C. G. sostuvo con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para recibir, o en preparación de la recepción del dinero que le era entregado en sobres manila, con cantidades de 250, 350 mil y hasta 400 mil pesos.
En lugar de ello, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, uno de los abogados incurrió en la fabricación de pruebas, al intentar agregar el diálogo grabado entre César J.M. y uno de los testigos. Se pudo acreditar que cuando supuestamente se hizo la entrevista por parte del abogado, el litigante se encontraba en el Tribunal cotejando el expediente frente al Juez de Control.
La Ministerio Público también destacó en su alegato final, que la defensa nunca desacreditó la mecánica utilizada por el ex gobernador César Horacio D.J. para comprar favores de distintos actores políticos o incluso periodísticos, como quedó evidenciado con las entregas que debieron regresar el erario, otros ex diputados y periodistas, como Javier Contreras Orozco, quien regresó poco más de 10 millones de pesos, de los desvíos coincidentes además en tiempo con los que ocurrieron en favor de la imputada cuando fue diputada.
La presentación de alegatos y debate entre las partes, dentro de la audiencia de vinculación o no a proceso de la también ex legisladora y dos ex compañeros de Legislatura cuando operó la “nómina secreta” del ex gobernador César Horacio D.J., concluyó la madrugada de este jueves.
María Eugenia C.G. es acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos para ella y para César J.M., entre 2014 y 2015, cuando ambos eran dirigentes de la bancada del PAN en el Congreso de Estado, como cohecho por apoyar distintas iniciativas y refinanciamientos de la deuda estatal promovidas por el ex gobernador de Chihuahua que se encuentra preso en una cárcel federal de Miami, Florida, en espera de su extradición.
Rodrigo D.R., quien era el coordinador de la bancada del PRI, es acusado de recibir para su beneficio personal, 2.5 millones de pesos, en tanto que María A.S., del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones de pesos.
