Dando seguimiento a la denuncia que le hicieron un grupo de vecinos sobre la contaminación y las afectaciones que se tienen por el Clinker, material que utiliza Grupo Cementos de Chihuahua, la diputada morenista, María Antonieta Pérez, llevó este tema hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Luego de haber presentado meses atrás un exhorto ante el Congreso del Estado, el cual fue aprobado, la legisladora local continúa buscando soluciones a esta problemática que aqueja desde hace años a los vecinos de las colonias aledañas a la planta de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).
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Pérez Reyes detalló que sostuvo una reunión con Néstor Armendáriz, titular de la CEDH; así como con Roberto González, integrante de la misma dependencia, a fin de darle continuidad al exhorto y demanda presentadas en el Congreso del Estado en donde expuso igualmente la contaminación que genera este material.
Recordó que todas estas denuncias las hizo después de analizar en un laboratorio especializado las reacciones y el peligro de este componente, el cual, en su 49 por ciento está conformado por silicatos de calcio, que es altamente dañino para la salud.
Es preciso recordar que el exhorto fue presentado el 7 de diciembre de 2023; en esa ocasión, la morenista remarcó que, de acuerdo al estudio realizado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica, la inhalación de partículas de sílice promueve el desarrollo de fibrosis pulmonar que, durante periodos prolongados, aumenta el riesgo de cáncer.
Ante estos datos, es que la congresista se ha mantenido en constante movimiento efectuando diferentes acciones a fin de frenar la utilización de ese material por parte de la empresa en mención, pues el daño no solo sería para los colonos, sino para los propios trabajadores.
En ese tenor, luego de esta última reunión reiteró que no dejará solos a los denunciantes, sino por el contrario, se mantendrá firme en la búsqueda de soluciones, por lo que adelantó que el siguiente paso será pedir la intervención directa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), su intervención en el caso.
Y es que precisó que esa es la dependencia que debe de estar involucrada en la solución de un problema que lleva más de tres años sin que ninguna autoridad se meta de lleno a analizar y solucionar pese a que es un tema de salud pública, protección al medio ambiente y de interés general.
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