El miedo y la desesperación traspasan sus miradas; las manos ásperas de los indígenas de Baqueachi se han forjado en los diversos ejidos de la Sierra Tarahumara en donde han trabajado por años las tierras ancestrales que les fueron heredadas. Sin embargo, actualmente se encuentran luchando en contra de la ambición por el poder de mestizos ajenos a sus comunidades que mediante amenazas y miedo aterrorizan a los nativos.

“La pobreza es controlada”, explica Ignacio Madero un indígena del ejido de Arroyos Hondos, que, preocupado por el despojo de las familias en la Sierra Tarahumara, alza su voz con la esperanza de ser escuchado. “Me duele ver que nos estén quitando las tierras, porque son más de 40 familias las que peligran… ¿a dónde van a ir?”, dice con lágrimas en los ojos, mientras que su característico paliacate rojo tapa las arrugas de su frente.

El conflicto por la propiedad ejidal en los poblados de Huahuachérare y Baqueachi, en el municipio de Carichí, data de 1955 cuando se concedió la dotación de los ejidos por un total de 42 mil hectáreas, mismas que fueron divididas en dos partes, estableciendo ante la Secretaria de la Reforma Agraria un juicio asentado bajo el número 386/2009.

Con el paso del tiempo las asociaciones civiles que en un principio ayudaban a los indígenas a proteger sus tierras los traicionaron. Organizaciones como Mukira, liderada por Lucha Castro y Bowerasa, dirigida por Estela Ángeles Mondragón, comenzaron a lucrar con el hambre y la pobreza de los nativos. “Ante el reflector internacional las asociaciones reciben muchos apoyos pero a nosotros jamás nos llega nada.”, asegura Rosalba Loya, comisaria de vigilancia del ejido de Huahuachérare.

El problema principal se dio en el 2016 cuando se realizó un convenio por la venta de 20 mil 844 hectáreas del ejido de San José Baqueachi, con un costo total de 16 millones de pesos, mismos que supuestamente serían entregados a los 219 ejidatarios del lugar como pago por la venta de sus tierras. A la fecha el pago a los propietarios jamás se realizó y el cheque a nombre de Estela Ángeles Mondragón, José Patricio Chávez, José Calzadillas y Francisco Felipe Chávez, sigue sin transparentarse.

“Con los 16 millones de pesos a cada ejidatario nos darían 5 chivas, 50 metros de alambre borreguero, 10 hojas de láminas y 30 mil pesos, pero nunca se nos dio nada.”, asegura Rosalba quien apoyada por los ejidatarios han exigido a las autoridades una resolución del tema pero tras cuatro años de lucha constante las amenazas por parte de los involucrados son cada vez mayores.

El pasado 21 de mayo se realizó una declaración por parte de Patricio José Daniel, agricultor y gobernador del ejido de Huahuachérare, ante la Fiscalía General del Estado bajo el número de caso 0006741, en donde se asegura que a cuatro años del destierro ejidal jamás han recibido nada de los 16 millones ni del material pactado. “Felipe Francisco Chávez quien en el 2016 era comisario ejidal nos dijo que se nos pagarían 7 mil pesos a cada ejidatario por las hectáreas vendidas pero al asociarse con la señora Estela Ángeles Mondragón, quedaron en darnos chivas y al final nos quedamos sin lo uno y sin lo otro.”, se establece en la declaración del testigo, documento que obra en poder de esta redacción.

El despojo de los indígenas es cada vez mayor, pues según explican, cada día que pasa los mestizos y ganaderos se apropian de sus tierras, recorriendo los cercos que dividen el territorio sin tener autoridad alguna.

Amenazas y control por parte de “defensora” de los derechos humanos

Lo que inició como un proyecto para la protección de los derechos indígenas, hoy se ha convertido en un disfraz simulado para la opresión de las comunidades en la Sierra Tarahumara en donde se les ha llegado a amenazar con la muerte.

Bowerasa A.C., una asociación sin fines de lucro, liderada por Estela Ángeles Mondragón, se ha convertido, en los últimos años, en una organización que utiliza el control y las amenazas para aterrorizar a los pueblos indígenas, según lo explican nativos de diferentes ejidos de la sierra, quienes no detallan mucho por miedo y temor.

“No sabemos por quién específicamente pero la señora está protegida por políticos y autoridades. A pesar de que ellos saben la situación no hacen nada para que nos deje en paz.”, comenta Rosalba, temerosa de que la maten por defender a su pueblo.

Dominicalmente se realizan asambleas en el ejido de Baqueachi, en donde son citados todos los ejidatarios de la comunidad para tratar temas de importancia y con el fin de tener validez, según los usos y costumbres de los indígenas, no se debe tener presencia de mestizos. Sin embargo, en dichas reuniones, Mondragón llega acompañada de 7 camionetas 4x4, con elementos armados quienes la protegen y ayudan a someter al pueblo, según videos que se encuentran en la redacción de esta casa editorial.

“Hace aproximadamente 2 meses llegó de nuevo la señora Estela para ver el tema de los 16 millones, ahí nos dijo que sacaría más dinero para pagarnos pero que no nos daría nada mientras anduviéramos enojados con ella. Ahí mismo amenazó con matar a cuatro compañeros ejidatarios de nombres León, Bautista, Tranquilino y Manuel.”, se plasma en una declaración ante la Fiscalía General del Estado el pasado mes de mayo.

Además en las reuniones se les exige a los indígenas una cooperación de 300 pesos bajo el pretexto de “cuidar su terreno”. Cabe mencionar que a dichas asambleas asisten aproximadamente 200 personas lo que da un total de 60 mil pesos, mismos que van directamente al bolsillo de Estela, según detallan algunos de los ejidatarios. “Ella no deja que entre nadie más, tiene un control absoluto de la comunidad y me da coraje porque su riqueza es gracias a la explotación de la tierra y de los pueblos.”, asegura Ignacio.

Algunos de los ejidatarios explican que existe una alianza entre Mondragón y los ganaderos de Nonoava para apoderarse lentamente del territorio sin que nadie diga nada, pues a través del engaño a conseguido apoderarse de las tierras. “Cuando alguien no quiere cooperar se lo llevan a un cuarto y ahí lo amenazan verbalmente, tanto Estela como los escoltas armados que lleva… el control es tanto que ni videos y fotos nos dejan tomar.”, dice Gustavo Fierro, activista del ejido indígena.

Según una nota periodística publicada por este medio el 14 de mayo de este año, en donde se realizaron fuertes declaraciones al respecto, Ignacio Madero, delegado de Consejo Supremo en Huahuachérare, declaró lo siguiente: “Queremos que a la gente le devuelvan su tierra a sus verdaderos dueños, son los originarios nativos. La pobre gente no tiene dónde sembrar, qué comer, no tiene dónde criar animales, porque les han quitado los poquitos terrenos que tenían, y la tierra pa’ sembrar, también las han quitado los ganaderos de Nonoava, y la apoderada del ejido, Estela Ángeles Mondragón, engañó a la gente que iba a negociar 11 mil hectáreas del ejido y las otras pa’ los invasores, pero no hay ningún papel que reconozca qué se hizo eso. Nada más recuperó 983 hectáreas, pero nos están faltando 10 mil. Pero ya le dieron el dinero, traigo el talón del cheque y comprobante. Nos ha engañado y a otros ejidos también, como San José Baqueachi”

Rosalba, quien trabajó de cerca con Mondragón durante muchos años, asegura que “ella es muy buena para manipular y mentir, no sabemos por qué no la enfrentan… son ¡16 millones!, alguien tiene que hacer algo, pero seguramente llorará y todo el mundo le creerá.”

Las comunidades de los ejidos han trabajado estos cuatro años por obtener alguna resolución, sin embargo las autoridades no muestran interés alguno a pesar de contar con todas las pruebas correspondientes. “Solo queremos que se nos escuche y se haga algo al respecto… son nuestras tierras.”, finaliza Gustavo.

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