/ viernes 22 de febrero de 2019

Mataron a 47 periodistas y 159 derechohumanistas

Lo anterior se desprende del informe "Desde la memoria... la esperanza" un trabajo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Un total de 159 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas fueron asesinados en el sexenio anterior; en lo que va del año son 7 los periodistas ultimados. En Chihuahua han sido privados de la vida 17 defensores y el caso más emblemático es el de la periodista de investigación Miroslava Breach Velducea, en el cual se pidió ayuda a la federación para la captura del autor intelectual, pero la ayuda fue negada y en Gobierno del Estado se protegió a políticos y militantes del partido en el poder.

Lo anterior se desprende del informe "Desde la memoria... la esperanza" un trabajo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", que se trata de un recuento de asesinatos perpetrados del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se caracterizó por la impunidad.

La presentación corrió a cargo de Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT; Aída Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre; Gabino Gómez Escárcega del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Juan José Villa Gómez de la Casa del Migrante de Coahuila, quienes señalaron que “desde la Red TDT apostamos por la transformación de esta situación de riesgo para las personas defensoras”, y para ello un factor fundamental es denunciarla y visibilizarla, hablando claramente de los delitos y violaciones de derechos humanos a los que están expuestos.

En torno al caso de Miroslava Breach, el defensor Gabino Gómez defendió la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado en torno al artero homicidio, e incluso señaló “me consta que fue una gran investigación que logró ubicar a los responsables, pero no se vinculó a políticos ligados al gobierno”.

Gabino además señaló que a pesar de las llamadas telefónicas que se ventilaron a la opinión pública donde se involucraba a Alfredo Piñera, entonces vocero de PAN y actual asesor externo del diputado panista Fernando Álvarez Monje, así como a Hugo Scultz, exalcalde de Chínipas, para las autoridades no fue suficiente para vincularlos.

En su intervención Isela Díaz comentó que en Chihuahua se han registrado 17 asesinados de defensores de derechos humanos de tierra, territorio y medio ambiente. De estos, 11 se concentran en dos comunidades ubicadas en Guadalupe y Calvo, como son Coloradas de la Virgen y Choreachi.

Los asesinatos de rarámuris defensores se registran porque están haciendo una defensa heroica de su territorio y oponiéndose a las políticas de desarrollo implementadas por los gobiernos estatales y federales, con modelos extractivistas del recurso forestal y minero, comentó Isela, quien desde hace años acompaña a estas comunidades en la defensa debido al grado de vulnerabilidad en el que se encuentran y que además el acceso a la justicia no es inmediato, pues mucho tienen que ver los cacicazgos que existen y que el Estado Mexicano no ha hecho nada para proteger esos territorios.

Así mismo detalló que uno de los asesinatos más recientes es el de Julián Carrillo, donde existen dos asesinos materiales, pero la FGE no debe de abandonar la línea de investigación como defensor del territorio. “La peor arma que utilizan los perpetradores para seguir asesinando a defensores y periodistas es la impunidad”.

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Un total de 159 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas fueron asesinados en el sexenio anterior; en lo que va del año son 7 los periodistas ultimados. En Chihuahua han sido privados de la vida 17 defensores y el caso más emblemático es el de la periodista de investigación Miroslava Breach Velducea, en el cual se pidió ayuda a la federación para la captura del autor intelectual, pero la ayuda fue negada y en Gobierno del Estado se protegió a políticos y militantes del partido en el poder.

Lo anterior se desprende del informe "Desde la memoria... la esperanza" un trabajo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", que se trata de un recuento de asesinatos perpetrados del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se caracterizó por la impunidad.

La presentación corrió a cargo de Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT; Aída Isela González Díaz, directora de Alianza Sierra Madre; Gabino Gómez Escárcega del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Juan José Villa Gómez de la Casa del Migrante de Coahuila, quienes señalaron que “desde la Red TDT apostamos por la transformación de esta situación de riesgo para las personas defensoras”, y para ello un factor fundamental es denunciarla y visibilizarla, hablando claramente de los delitos y violaciones de derechos humanos a los que están expuestos.

En torno al caso de Miroslava Breach, el defensor Gabino Gómez defendió la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado en torno al artero homicidio, e incluso señaló “me consta que fue una gran investigación que logró ubicar a los responsables, pero no se vinculó a políticos ligados al gobierno”.

Gabino además señaló que a pesar de las llamadas telefónicas que se ventilaron a la opinión pública donde se involucraba a Alfredo Piñera, entonces vocero de PAN y actual asesor externo del diputado panista Fernando Álvarez Monje, así como a Hugo Scultz, exalcalde de Chínipas, para las autoridades no fue suficiente para vincularlos.

En su intervención Isela Díaz comentó que en Chihuahua se han registrado 17 asesinados de defensores de derechos humanos de tierra, territorio y medio ambiente. De estos, 11 se concentran en dos comunidades ubicadas en Guadalupe y Calvo, como son Coloradas de la Virgen y Choreachi.

Los asesinatos de rarámuris defensores se registran porque están haciendo una defensa heroica de su territorio y oponiéndose a las políticas de desarrollo implementadas por los gobiernos estatales y federales, con modelos extractivistas del recurso forestal y minero, comentó Isela, quien desde hace años acompaña a estas comunidades en la defensa debido al grado de vulnerabilidad en el que se encuentran y que además el acceso a la justicia no es inmediato, pues mucho tienen que ver los cacicazgos que existen y que el Estado Mexicano no ha hecho nada para proteger esos territorios.

Así mismo detalló que uno de los asesinatos más recientes es el de Julián Carrillo, donde existen dos asesinos materiales, pero la FGE no debe de abandonar la línea de investigación como defensor del territorio. “La peor arma que utilizan los perpetradores para seguir asesinando a defensores y periodistas es la impunidad”.

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