“No traicionen a Chihuahua diputados”, fue el grito de decenas de personas pertenecientes a organizaciones pro familia que se manifestaron ayer en el Congreso del Estado para expresar su desacuerdo a la ley mordaza, pues aseguran violentan la libertad de expresión en el dictamen que el Partido del Trabajo presentó, el cual proponía de uno a tres años de cárcel a aquellas personas que expresen su desacuerdo por las preferencias sexuales o género, dictamen que finalmente fue votado en contra por 17 diputados.

La tarde de ayer ciudadanos pertenecientes a organizaciones pro familia y pro vida expresaron su rechazado por el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, iniciado por las diputadas Amelia Ozaeta del PT y Ana Estrada, de Morena, el cual pretendía sancionar de uno a tres años de cárcel a quien discrimine por preferencia sexual y género, por lo que según explican líderes de las organizaciones en mención, aquel padre de familia que se niegue a que su hijo reciba una educación sexual basado en la ideología de género podría ser sancionado, es decir, una ley mordaza, aseguran.

“De un año a tres años de cárcel a personas que manejen algún tipo de discriminación, meten preferencias sexuales y género con lo cual imponen a la sociedad, padres de familia, sacerdotes, pastores que estén en contra de la ideología de género, será acreedor a estas sanciones; estamos en contra, pues esto significa que en las escuelas, recordar que la ideología de género es una percepción socialcultural, donde un hombre que se sienta mujer podrá entrar a los baños, deportes y concursos de mujeres, y quien lo evite será sancionado por discriminación, por lo cual exigimos a los diputados la rechacen, pues atentan contra la familia”, dijo Javier Valenzuela, coordinador de la Coalición Sumas y Cruzada por la Familia.

Con 17 votos en contra, 8 a favor y tres abstenciones, el dictamen fue rechazado, el cual refería: “Artículo 197. Se impondrá de uno a tres años de prisión o de cien a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cien a trescientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

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