La exdiputada Clara Torres, quien encabeza la Cruzada por el Rescate de la Niñez, informó que no se han depositado los recursos que ordenó la Suprema Corte de Justicia para restituir a las guarderías que ganaron un amparo, así que los funcionarios de la Secretaría del Bienestar podrían enfrentar causas penales por incurrir en un delito contra la administración de la justicia.

"El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, fue claro en señalar que si no se restituyen los recursos económicos por parte de la Secretaría del Bienestar a las guarderías que obtuvieron una suspensión, se estaría incurriendo en un delito contra la administración, con pena carcelaria", dijo Torres.

El abogado que durante 15 años fue parte del máximo organismo de impartición de justicia de la República dijo que es evidente que los amparos promovidos persiguen mantener un logro, una conquista que han logrado cientos de miles de niños y sus padres, en el lapso en el que éstos últimos se ausentan para trabajar.

Torres dejó entrever que los amparos fueron para conseguir que se restituya un servicio que se venía prestando en guarderías y que si no se cumple con la entrega de recursos, se puede presentar una denuncia ante la Suprema Corte, quien definirá lo conducente.

“Una autoridad que no cumple con el dictamen que ordena el pago de los montos acordados dictaminados ya por un juez de Distrito, puede incluir en un delito, ya lo han dicho juristas, incluido el exministro Cossío Díaz”, aseveró Torres.

“En palabras del exministro, quien viola o no acata una suspensión que se ha establecido incurre o puede incurrir en la comisión de un delito contra la administración de justicia que puede llegar a implicar, desde luego, la pena de cárcel”, finalizó.

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