“Estamos para aplicar la ley, es una y vale para todos, nadie puede en nombre de algún tipo de actividad cometer algún delito y menos provocar a la autoridad, menos con uso de violencia”, señaló Javier Corral Jurado, tras el desalojo de personas de las obras que se realizan para la ruta pretroncal del sistema integral de transporte.
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Resaltó que se trata de politiquería que a partir de estos hechos busca granjearse la voluntad de los ciudadanos. Mencionó que en libertad y soberanía cada partido o candidato puede hacer campaña como desee.
Javier Corral advirtió que no pueden incorporar la comisión de algún delito en ejercicio de ese proselitismo, reiteró que han hecho de estas obras tema golpeteo político.
En atención a medios de comunicación, Javier Corral informó que de acuerdo al reporte con el que cuentan es que intervinieron en auxilio de trabajadores de la empresa que construye 3 de los tramos en la avenida Manuel Gómez Morín, donde se pretende construir 6 estaciones. Desde el fin de semana se detectó que el número de manifestantes había disminuido, por lo que los encargados de la construcción decidieron reiniciar obras.
Los ciudadanos estaban poniendo en riesgo su vida al atravesarse a las maquinas, por lo que se aplicó la ley.
Señaló que los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde incluso se dijo que preocupa la utilización de guardias que son adscritos a la misma Secretaría de Seguridad Pública por un convenio que se tiene con empresarios, para la comisión de ilícitos.
Al ser cuestionado sobre los proyectos y permisos, dijo que muchos de estos datan de 18 años, desde la creación del Instituto Municipal de Planeación, “lo que hemos hecho es reivindicar a los planeadores de Ciudad Juárez, son obras muy necesarias”. Algunos de los proyectos son transporte público, drenaje pluvial e incluso el corredor multimodal.
“Eso no debe ser motivo ni de medro ni de pepena política, hay otra forma de convencer a la ciudadanía del voto”, declaró Corral, quien advirtió que incluso puede ser contraproducente al ir en contra de los beneficios ciudadanos.
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