El juez federal Fernando Payá Ayala amplió a 2 años la prisión preventiva del exsenador priista de Coahuila Alejandro Gutiérrez “la Coneja”, acusado de peculado por 250 millones de pesos, y ordenó que permanezca en la prisión estatal de Chihuahua, a disposición de la justicia local, contrario a lo que había determinado el anterior juez relevado del caso, Gerardo Moreno García, quien había instruido su traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Payá Ayala determinó, en una audiencia celebrada ayer, que por la causa penal atraída por la justicia federal el procedimiento judicial se puede llevar en ausencia del imputado, por videoconferencia, pero por otra causa penal no atraída, que lleva la justicia estatal, debe permanecer en Chihuahua, debido a que el estado es la parte ofendida en el proceso y existe el riesgo de que pueda evadir las acciones judiciales en caso de un traslado.
El juez federal citó a audiencia para resolver sobre la situación de condiciones u obligaciones impuestas dentro de la causa penal atraída (780/2017 en la justicia estatal y 24/2018 en el Juzgado de Distrito con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México), y para resolver la competencia de la otra causa penal que sigue bajo la esfera local (4094/2017), que no había sido atraída pese a que el anterior juez del caso, Moreno García, se había declarado competente para conocerla.
Tras el análisis de la situación el nuevo juez Payá Ayala determinó que por causa atraída el acusado de peculado podría ser procesado vía remota, en conexión del Juzgado de Distrito con sede en la Ciudad de México y los juzgados federales de la ciudad de Chihuahua, de la avenida Mirador y Washington, sin necesidad de trasladar al imputado.
Pese a los alegatos de la defensa de Gutiérrez, el juez consideró innecesario su traslado a la Ciudad de México y ordenó que permanezca en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, donde ha estado recluido desde el 20 de diciembre del año pasado y se han respetado los derechos que tiene como procesado.
Además Payá Ayala determinó ampliar a 2 años la medida cautelar de prisión preventiva, tiempo durante el cual el Ministerio Público debe concluir la investigación y presentar todas las evidencias para enjuiciar a Gutiérrez; independientemente del procedimiento que siga la justicia estatal por la otra acusación de peculado.
De esta forma el imputado quedará a disposición de la justicia estatal y la justicia federal, recluido en el penal de Chihuahua, con lo que se suspenden los intentos de traslado a una prisión federal o a la Ciudad de México, que había solicitado Gutiérrez.
Tras la audiencia remota celebrada ayer a las 11:30 horas, con una duración de 45 minutos, con el imputado en una sala de los juzgados federales de Chihuahua y el juez en la Ciudad de México, personal de custodia de la Fiscalía General del Estado que había traslado al detenido a la diligencia lo llevó de regreso a Aquiles Serdán, donde fue nuevamente internado.
A Gutiérrez se le acusa de peculado por haber participado en una operación que presumiblemente pactó el exgobernador César Duarte con funcionarios federales para desviar 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fueron depositados al Gobierno del Estado y después entregados al PRI Nacional para campañas políticas; además de haber cobrado para una empresa de su propiedad servicios inexistentes, dentro de ese monto.
Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, los recursos ingresaron a una cuenta estatal, pero egresaron de otra cuenta, por lo que se consideran recursos estatales; argumento que el anterior juez federal del caso se había negado a reconocer.
CINCO INTENTOS FALLIDOS PARA LLEVARSE A “LA CONEJA”
Desde su detención el 20 de diciembre, se han registrado 5 intentos por llevarse a Alejandro Gutiérrez “la Coneja” fuera del Cereso de Aquiles Serdán, lo que ocasionó choques políticos entre el gobernador Javier Corral e instancias federales.
A menos de un mes de su detención, Gutiérrez denunció tortura en el Cereso Estatal y una juez federal ordenó investigar al resolver una demanda de amparo que había presentado. Ese fue el primer intento por evadir la justicia de Chihuahua.
Un mes después de su detención fue el segundo: el 22 de enero la Procuraduría General de la República anunció la atracción del caso para que fuera investigado por el Ministerio Público Federal, vía la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, debido a que el destino de los recursos investigados había sido las campañas políticas.
Ante la negativa estatal a entregar a la Fepade las carpetas de investigación iniciadas en Chihuahua, negociaron el gobernador Javier Corral y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida el 4 de febrero, horas antes del final de la “Caravana por la Dignidad” que emprendió el chihuahuense a la Ciudad de México. Entre los acuerdos –debido a que eran varias demandas de Corral- estaba el traslado de “la Coneja” al Cefereso 9 con sede en Ciudad Juárez, previa aplicación del Protocolo de Estambul, en lo que fue un tercer intento por ser puesto a disposición de autoridades federales. Posteriormente Gutiérrez promovió un amparo por no haber sido trasladado del penal estatal a uno federal.
El cuarto intento que hizo la defensa de Gutiérrez fue cuando logró que el 15 de febrero el juez federal Gerardo Moreno García resolviera atraer el caso a esa esfera y por lo mismo, ser trasladado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, decisión que avaló el Décimo Tribunal Colegiado que “en unas cuantas horas agendó, revisó y resolvió el traslado, cuando hay casos que tardan meses o años”, según lo denunció el gobernador Javier Corral públicamente.
Luego de un conflicto de competencias entre el juez federal y los jueces locales, llegó un quinto intento por sacar a Gutiérrez de Chihuahua y quitarle el caso a la justicia estatal, al determinar Moreno García, la noche del 11 de mayo, que era competente de conocer también la segunda causa penal que se le imputada y ordenar el traslado inmediato de Gutiérrez y de otros dos detenidos ligados a la investigación, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas, exfuncionarios de la administración de César Duarte, para lo cual ya había un avión de la Secretaría de Gobernación en el aeropuerto de Chihuahua; pero los agentes de la Fiscalía General del Estado se negaron a entregarlo al tener instrucciones de la justicia estatal de regresarlo al penal de Aquiles Serdán, de donde no había salido el acusado desde esa audiencia en la que se registró el enfrentamiento entre fuerzas federales y estatales.
Cronología: Tras 5 intentos fallidos de llevárselo, “la Coneja” se queda en Chihuahua
-El 20 de diciembre de 2017 Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, “la Coneja”, exsenador por Coahuila y exsecretario general del PRI Nacional, fue detenido en Saltillo y trasladado a Chihuahua.
-El 21 de diciembre el juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán determinó vincularlo a proceso por peculado agravado y fijar la medida cautelar de prisión preventiva de 6 meses, por el riesgo de que pudiera sustraerse de la justicia. Acusado de desviar 250 millones de pesos; y de haber recibido 4 millones de pesos a través de un contrato entre el Gobierno del Estado de Chihuahua con la empresa Jet Combustibles, de su propiedad.
-El 2 de enero se le formula una segunda imputación por desvío de un millón 600 mil pesos, bajo la causa penal 4094/2017
-El 10 de enero la juez Primero de Distrito Luz Elba de la Torre Orozco, ordenó investigar tortura, en resolución de un juicio de amparo 22/2018 promovido por Gutiérrez días antes
-El 22 de enero la PGR anunció que atraería la investigación, vía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, del peculado.
-El 4 de febrero el gobernador Javier Corral anunció que se había acordado con el secretario de Gobernación trasladar a “la Coneja” al Cefereso 9, de Ciudad Juárez, previa aplicación del Protocolo de Estambul para casos de tortura.
--El 9 de febrero, Gutiérrez presentó un amparo por la negativa de las autoridades federales y estatales por llevarlo al Cefereso.
--El 15 de febrero el juez federal Gerardo Moreno García resuelve atraer el caso de Gutiérrez, además de los casos relacionados de Enrique Tarín y Gerardo Villegas, exdirectores de Adquisiciones y de Administración del gobierno de César Duarte.
--El mismo día, ordena su reclusión en un centro federal de detención, al considerar que un juez del fuero común no era competente para el proceso. La Fiscalía del Estado y el Tribunal Superior de Justicia se niegan a entregarlo, debido a que enfrenta una causa penal no federal
--El 7 de marzo se revelan resultados del Protocolo de Estambul aplicado por el doctor Hernán Reyes, experto del “Human Rights Center” de la Universidad de California, EU. El dictamen emitido estableció que no hubo tortura.
--El 6 de abril, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó de nueva cuenta el traslado de Alejandro Gutiérrez y la entrega de la causa penal del fuero común 780/2017, para que sea llevada en fuero federal.
--El juez de Control, Alejandro Legarda Carreón se negó a entregar la carpeta de investigación al Décimo Tribunal Colegiado por lo que, de nueva cuenta, se detuvo el traslado.
--El 7 de abril el Consejo de la Judicatura Federal defendió la resolución del Décimo Tribunal Colegiado y consideró que tanto el juez Moreno García como la segunda instancia, el Tribunal Colegiado, habían actuado apegados a la ley.
--El 20 de abril el juez Gerardo Moreno García dio un plazo de 24 horas para trasladar, ahora al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, a los tres acusados, so pena de multa a funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
--El 22 de abril, al no cumplirse la orden judicial, se ordenó una sanción de 80 mil pesos en contra del director del Cereso de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre. Al funcionario se le impuso además otra multa por resistirse al traslado.
--El 2 de mayo el juez Segundo de Distrito (Federal) con sede en Chihuahua, concedió una suspensión provisional al Gobierno de Chihuahua, que había demandado el amparo para no trasladar a Gutiérrez.
--El 5 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa revocó la suspensión provisional que había ganado el Gobierno del Estado, por lo que se reactiva tanto la multa a la FGE como la orden de su traslado.
--El 7 de mayo, el juez local Alexis Ornelas Pérez niega el traslado de los priistas, porque Gutiérrez enfrenta una causa del fuero común más; Tarín otras 3 y Villegas otras 4, por las que estaban vinculados a proceso penal estatal.
--El 11 de mayo, Gerardo Moreno llama a audiencia a los 3 imputados en los juzgados federales de Chihuahua; al término, ordena a la Policía Federal el traslado inmediato al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para lo cual ya estaba dispuesto un avión de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua; agentes estatales se oponen a entregarlos y los internan de nuevo en el Cereso del Estado.
--En la misma audiencia, el juez federal se declara competente para atraer el segundo cargo de peculado contra Gutiérrez, que acusa el Ministerio Público Estatal y por el cual no se había entregado al fuero federal
--El 15 de mayo el gobernador Javier Corral formaliza una queja contra el juez Gerardo Moreno y el colegiado que instruyeron el traslado de Gutiérrez y los otros acusados, por “evidente parcialidad”; además gestiona ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis riguroso del caso, pues consideró que las resoluciones de la justicia federal retiraban el carácter de víctima o parte ofendida al estado y pueblo de Chihuahua
--El 23 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal determina cambiar de adscripción al juez Gerardo Moreno, del Reclusorio Norte de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
--El 1 de junio es designado como nuevo juez federal de Control Penal Fernando Payá Ayala, en sustitución de Moreno García
--El 22 de junio llama a audiencia del caso Gutiérrez y determina que el detenido se queda internado en un penal de Chihuahua, a disposición tanto de la justicia federal como de la estatal, por dos causas penales que existen en ambas esferas, reconociendo el carácter de víctima al Estado.
