Salir huyendo de un infierno para entrar a otro lleno de vulnerabilidad donde se carece de vivienda, se tiene acceso a empleos mal pagados y los gastos, impiden por completo que personas que son desplazadas por la violencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara puedan salir adelante.
Al encontrarse en esta situación, hay quien prefiere no denunciar por temor a perder su vida; el miedo a denunciar les impide promover ante las autoridades su derecho a contar con una vivienda y un trabajo digno, ya que la ley para protegerlos requiere de la denuncia del hecho por el cual deben ser considerados como víctimas de desplazamiento forzado.
En esta disyuntiva se encuentra una familia víctima de desplazamiento forzado que narró su situación a este matutino; el jefe de familia explicó que actualmente labora en un taller donde gana mil 500 pesos por semana.
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Lo que, en promedio, es 214.28 pesos, cantidad que utiliza para sostener los gastos de siete personas; por lo que subsisten en promedio con 30 pesos diarios; comenta que no le alcanza para los gastos.
“Necesito dónde vivir, estoy en un taller mecánico y trabajo las 24 horas… me dan 1,500 por toda la semana , no me alcanza ni para lo de la escuela de mis niñas, necesito salirme de aquí para buscar un trabajo dónde ganar más o al menos descansar de noche”, comentó la persona que se encuentra en esa situación.
Según lo afirmado por el entrevistado, cuando salió de su lugar de origen dejó sus tierras donde se dedicaba a la agricultura, pero dadas las condiciones actuales por el crimen organizado, tuvo que partir tras 10 años aferrándose a su patrimonio, hasta que casi a punta de pistola tuvo que decidir entre quedarse y unirse a las fuerzas armadas criminales o partir para preservar su vida.
El problema se origina cuando, al partir, no se notifican a la autoridades por temor a que se tomen represalias y es que la realidad expone que en diversas ocasiones las personas que denuncian incluso pierden la vida debido a que las autoridades están coludidas con el crimen organizado, esto según lo expuesto.
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El 29 de abril del 2022, la CEDH envió a la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván la Recomendación No. 96/2022 para dar seguimiento al caso de los 120 desplazados desde el año 2015, en los que aparece el caso de las comunidades de El Manzano y Monterde, municipio de Uruachi y Guazapares, en el estado de Chihuahua, quienes denunciaron los hechos en la Fiscalía.
Entre esas personas que denunciaron se encontraba Cruz Soto Caraveo, activista chihuahuense que fue encontrado sin vida el 19 de octubre de 2019; uno de los varios casos que expone la violencia en este sector.
Información expuesta en un documento del órgano de la CEDH señala que el desplazamiento de las 120 personas que derivó de los hechos violentos acontecidos entre los años 2015 y 2016 y que continuaron hasta el 2019, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado Chihuahua.
Esto expone el riesgo que corren personas que se atreven a denunciar, hecho que los termina dejando en estado de vulnerabilidad; esto según lo evidenciado por el personal que se desempeñaba en la CEDH.
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Se buscó brindarle apoyo a la familia para facilitarle un refugio temporal; sin embargo, para tener acceso a alguno de los apoyos que se ofrecen a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), debe existir una denuncia, a lo cual teme la familia involucrada.
Por tal motivo, hay una cantidad incalculable de personas que terminan huyendo de su lugar de origen, ya que no todos los casos se denuncian, incluso se desconoce el número real de personas víctimas de desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado interno ocurre cuando la población de algún lugar se ve obligada a abandonar sus hogares y desplazarse dentro del país debido a situaciones de conflicto, violencia, delincuencia organizada, violaciones de derechos humanos y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
“Tenemos más de 10 años yendo y viniendo de nuestro pueblo, porque en ocasiones se calma pero de repente se agarran los malandros”, esto según lo comentado por la víctima de desplazamiento forzado.
El antecedente se suma la lista de personas desplazadas que se han podido visibilizar recientemente; donde en hechos separados se habla que en los últimos meses se han podido sumar más de 300 familias desplazadas únicamente en la información que se ha publicado en medios de comunicación.
Guadalupe y Calvo históricamente ha tenido antecedentes de la presencia de fuerzas delictivas, zonas por donde han caminado la mayoría de los capos mexicanos que actualmente se dice son buscados y algunos otros detenidos, según datos de las autoridades mexicanas.
Además de que son pocas las quejas que se logran visibilizar, tomando en cuenta que actualmente las corporaciones que se señala están corrompidas minimizan el problema de inseguridad que se vive en Chihuahua; esto según lo expuesto por la misma CEDH.
CIFRA 1
214 pesos diarios llegan a ganar en empleo en la ciudad a donde llegan
CIFRA 2
10 Años aferrándonos a nuestro patrimonio, pero tuvimos que salir de la comunidad”
Publicada originalmente en El Sol de Parral