Parral firma convenio con Embajada de Estados Unidos

El Presidente Municipal de Parral César Peña Valles, en conjunto con la Gobernadora Maru Campos Galván y el embajador de Estados Unidos Ken Salazar

Isabel Velazco | El Heraldo de Chihuahua

  · viernes 17 de diciembre de 2021

Cortesía | Municipio Parral

Este viernes, 17 de diciembre, se llevó a cabo la firma de una carta de Intención en materia de Prevención de la violencia por parte del Presidente Municipal de Parral César Peña Valles, en conjunto con la Gobernadora Maru Campos Galván y el embajador de Estados Unidos Ken Salazar.

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Este documento tiene el propósito de que el Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, el gobierno del estado de Chihuahua y PREVI, compartan los objetivos comunes de mejorar la seguridad y justicia, para el bienestar en el municipio, y sea puesta en marcha una estrategia integral de seguridad pública y justicia cívica para los parralenses.

El PREVI es un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que busca fortalecer las capacidades de gobiernos municipales y sus comunidades para mitigar y resolver de manera efectiva la violencia y el delito.

Con este documento las autoridades planean dejan en claro que tienen la intención de implementar acciones coordinadas para alcanzar objetivos específicos, con los que promoverán la justicia cívica como estrategia de seguridad pública y prevención social de la violencia.

El programa pretende cambiar la visión de la seguridad vigente, pasando de un enfoque mayoritariamente punitivo, a un enfoque preventivo que sea consistente con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra que las autoridades municipales, la sociedad civil y el sector privado, utilicen intervenciones basadas en evidencia, para responder a los delitos menores y a la violencia comunitaria, que reducen el encarcelamiento y fomentan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Con esto reducir la probabilidad de que las personas jóvenes en riesgo sean encarceladas o se encuentren en libertad condicional debido a delitos y violencia.

De igual forma mejorar la coordinación entre los juzgados cívicos, las fuerzas de seguridad municipales y los operadores de la justicia penal a través de la información compartida y la cooperación en materia de inteligencia.