El activista Adrián LeBarón pidió a las autoridades federales que no dieran “carpetazo” a las denuncias que interpuso en el mes de mayo en contra de titulares de seguridad, como gobernadores del estado de Chihuahua y Sonora, por no haber actuado en las denuncias constantes sobre la violencia que existe en los límites de ambas entidades.
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Lo anterior luego de que hace un par de semanas interpusiera dos denuncias en contra de las autoridades de Sonora y Chihuahua, así como el exsecretario Alfonso Durazo y otros funcionarios que se encargan de la seguridad de ambas entidades y que fueron alertadas de los peligros que había entre ambas entidades.
Con la reciente captura de uno de los involucrados en la masacre de la familia LeBarón, el activista pidió que el caso siga su proceso y que también se sancione a todos aquellos que fueron omisos con los llamados de emergencia, ya que incluso meses antes de la masacre informaron de la presencia de grupos criminales y todo los actos de inseguridad que ocurrían de Chihuahua a Sonora.
“Fiscal general de la república, le pido dar seguimiento a la denuncia que presentamos el pasado 3 de mayo, contra funcionarios coludidos con la masacre de mi familia, considero de suma importancia citarlos a declarar e iniciar el proceso legal que corresponde por omisiones y complicidad”, publicó el activista en sus redes sociales.
En el listado de las personalidades que fueron señaladas en la denuncia, se encuentra el ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y actual gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, por encubrimiento, desplazamiento forzado de acuerdo a la denuncia entregada el 5 de mayo de 2021.
En el listado también se encuentra el ex coordinador estatal en Chihuahua de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez Zúñiga, quien fue señalado por abuso de autoridad, encubrimiento y desplazamiento forzado, ya que ejercía el cargo como titular de seguridad en un tramo federal donde se señaló la presencia de grupos criminales.
En el listado también se incluyó al gobernador Javier Corral Jurado, a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quienes fueron señalados por los mismos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento y desplazamiento forzado.
Dentro de las personalidades que fueron incluidas en la denuncia, se encuentra el secretario general de Gobierno, Luis Mesta Soulé; el fiscal general del estado, César Augusto Peniche; el ex comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, y el ex director de Seguridad de Janos, Fidel Alejandro Villegas Villegas.
De acuerdo a la familia LeBarón, estos funcionarios tuvieron conocimiento de la peligrosidad y presencia de los grupos criminales y a pesar de todo no hicieron algo para erradicar esa presencia, y en cambio meses después se dio la masacre en contra de la familia, por lo cual consideraron que las autoridades no cumplieron con su deber de servir y proteger a la sociedad.
