Tras más de diez horas de audiencia, la juez de Control Juana Gabriela Córdova Ortiz decidió vincular a proceso a Cristopher J.B. por delitos electorales, tras haber recibido aportaciones por 2 millones 771 mil 788 pesos, cuando era miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la administración del exgobernador César Horacio D.J.
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Al imputado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se acordó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, que fue el término que solicitó la Fiscalía General del Estado, tras obtener la vinculación a proceso del imputado, bajo la causa penal identificada con el número 2633/2020.
El Ministerio Público sostuvo que Cristopher “N” recibió 26 depósitos a través de la Secretaría de Hacienda, con pagos mensuales que oscilaron en una cifra superior a los 100 mil pesos, los cuales eran depositados a la cuenta de una mujer de nombre Gloria, por presuntos favores políticos que mantenía el exmandatario.
Por ello, el imputado deberá enfrentar el proceso penal mediante la medida cautelar de prisión preventiva, hasta que un juez de Tribunal Oral determine si es responsable o no de los hechos que se le imputan
El Ministerio Público reiteró la acusación al imputado de haber recibido dinero público a favor de un partido político, y que el dinero provenía de una cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, propiedad de la Secretaría de Hacienda, destinada al pago de nómina de empleados del estado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, dichos recursos corresponden a la “nómina” con la que la anterior administración del gobierno estatal anterior desvío recursos para entregarlos a líderes políticos y sociales a cambio de algunos favores o instrucciones que mantenía el exgobernador.
Según la información que mantienen los elementos investigadores sobre estos hechos, en la pasada administración existía una “nómina” de diversas personalidades, quienes recibían el dinero a cambio de algunas estrategias solicitadas desde el Gobierno del Estado, durante un periodo de seis años.
La Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar ante la juez de la causa el orden en que fueron depositadas las diferentes cantidades en efectivo de la siguiente manera:
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