La Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua propuso la Convención Nacional Hacendaria con la finalidad de que se alcancen acuerdos sobre cuatro ejes relevantes para el futuro del país.
Además de promover la recaudación local, con el incentivo a los estados con menos recaudación local a que lo cumplan, teniendo como meta dejar de sobrevivir a costa del sustento de la Federación. Alcanzar una nueva legislación fiscal, que considere los impuestos directos (ISR) y los indirectos (IVA y IEPS), enfocada a elevar los ingresos de la recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes, es otra de las vertientes.
Así como la inclusión de mejores mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales. Establecer controles para asignar, monitorear, vigilar y hacer transparente la aplicación de los recursos por parte de estados y municipios para evitar que se destinen a propósitos distintos a los que les fueron etiquetados.
Lo anterior para que se llegue a la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y la asignación eficiente de recursos. Con lo que se fortalecería la colaboración entre los tres niveles de gobierno e impulsa mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto y por ende, mayor estabilidad en las finanzas públicas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Chihuahua propuso la Convención Nacional Hacendaria con la finalidad de que se alcancen acuerdos sobre cuatro ejes relevantes para el futuro del país.
Además de promover la recaudación local, con el incentivo a los estados con menos recaudación local a que lo cumplan, teniendo como meta dejar de sobrevivir a costa del sustento de la Federación. Alcanzar una nueva legislación fiscal, que considere los impuestos directos (ISR) y los indirectos (IVA y IEPS), enfocada a elevar los ingresos de la recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes, es otra de las vertientes.
Así como la inclusión de mejores mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales. Establecer controles para asignar, monitorear, vigilar y hacer transparente la aplicación de los recursos por parte de estados y municipios para evitar que se destinen a propósitos distintos a los que les fueron etiquetados.
Lo anterior para que se llegue a la adecuada división de competencias, la transferencia de facultades y la asignación eficiente de recursos. Con lo que se fortalecería la colaboración entre los tres niveles de gobierno e impulsa mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto y por ende, mayor estabilidad en las finanzas públicas.