El diputado del PRI, Omar Bazán Flores, turnó a Comisiones un punto de acuerdo para que el Congreso local solicite al Senado de la República analice el retiro de México de los tratados internacionales que prohíben la pena de muerte y promueva también los mecanismos necesarios para inhibir conductas delictivas.

Lo anterior, sustentó el legislador, ante la grave crisis de inseguridad que vive el país y especialmente el estado de Chihuahua.

Recordó que la última ejecución de un civil se llevó a cabo en 1937, la de un militar en 1961 y que desde 2005, la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte en México.

Reconoció que la aplicación de la pena de muerte es actualmente objeto de un gran debate y que en principio no puede ser reinstaurada porque sería inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y motivo de incumplimiento a los pactos internacionales de los que México es parte, además de una sanción.

No obstante, señaló en su exposición de motivos, las condiciones del país y del mundo no se ubicaban en los estándares de violencia y atentados en contra de la vida que la delincuencia ejecuta constantemente en contra de la sociedad, como actualmente vivimos.

“Casos abominables como el secuestro, tortura y homicidios de menores, mujeres, personas desvalidas, que mueren a manos de sujetos sin conciencia social alguna, nos deben motivar a replantear desde un punto de vista ético, la reinstauración de la pena de muerte en México, ya que las condiciones en que nos encontramos no son las mismas que cuando suscribimos los tratados internacionales que la proscriben.”