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De nueve meses a siete años y medio de prisión a quien resulte responsable de robo o despojo de agua, fue la propuesta que presentó la diputada local del PAN, Georgina Bujanda, con la cual pretende reformar el artículo 209, 211 y 223 del Código Penal del Estado de Chihuahua para agravar los delitos de robo y despojo cuando las conductas recaigan directamente en el agua y que además afecte o restrinja en cualquier forma el suministro del vital líquido.
La diputada al presentar la iniciativa mencionó que se deben incorporar las medidas necesarias que aminoren las conductas por las cuales se vea afectado el servicio público de suministro de agua, es decir establecer la modalidad agravante para los delitos de robo y despojo cuando las conductas recaigan directamente en el agua y que además afecte o restrinja en cualquier forma el suministro de la misma.
La propuesta para el artículo 209 del Código en mención señala que: "Se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior, a quien sin consentimiento de la persona que legalmente pueda otorgarlo, aproveche energía eléctrica o cualquier otro fluido; excepto cuando el objeto del aprovechamiento sea el agua, caso en el que, además de la pena prevista en el artículo anterior, se aumentará en una mitad” es decir de 9 a 7 años y medio de prisión, más una multa; actualmente contempla de 6 meses a 5 años de cárcel".
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