TALA.- Tras los asesinatos de Gloria, de 63 años y su hija Sally, de 23 años en su domicilio de la comunidad La Hierbabuena, del municipio de Balleza, la Fiscalía General del Estado estableció que la principal línea de investigación son conflictos por la explotación forestal legal y la Fiscalía de la Mujer no atraerá el caso.
FEMINICIDIOS.- Desde que se dieron a conocer los homicidios de la mujer y su hija suscitados el sábado pasado, el fiscal general César Jáuregui señaló hacia dónde apuntaba el móvil pero no se dijo que por ello, se descartaría la clasificación de feminicidios.
MÓVIL.- En efecto, se dio a conocer que se embalaron más de 50 casquillos percutidos en la escena del crimen y que correspondían a armas largas y cortas, empero no se estableció que apuntara al crimen organizado, menos si se habla de tala legal.
¿AUXILIO?- De hecho, la FEM que encabeza Wendy Chávez informó que no atraía los casos porque en Balleza no hay oficinas de la unidad especializada, mientras ayer la Fiscalía Zona Sur a cargo de Juan Carlos Portillo Coronel refrendó que las indagatorias avanzan y se fortalece la hipótesis de una disputa por el recurso maderable “con auxilio de algún grupo delictivo que opera en esa región”.
ACLARE.- Para no alentar especulaciones en asuntos tan delicados se hace imperativo que realmente la Fiscalía aclare si está o no implicado el crimen organizado en un ataque contra las dos mujeres que en esa parte del estado eran conocidas por haber invertido décadas en la regularización por la tenencia de tierras y el combate a la tala clandestina, y tal vez a ello se deba que no lo consideren como feminicidios.
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FRACTURA.- Algo se rompió en la unidad que la Sección 8va. del SNTE parecía mantener con la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, pues desde que inició el ciclo escolar –el 28 de agosto pasado— y sin los nuevos libros de texto todo había sido miel sobre hojuelas hasta ayer.
PRESIÓN.- Bastó que la dirigencia nacional del sindicato ejerciera presión a los chihuahuenses para que docentes de Educación Indígena se manifestaran lunes y martes en las oficinas de Servicios Educativos y ayer en el Palacio de Gobierno para exigir la destitución del jefe de esa área.
JEFE.- En cuanto Eduardo Zendejas, líder de la Sección 8va. entró al edificio de cantera para dialogar con las autoridades, los sindicalizados bloquearon el paso vehicular que se liberó cuando les informaron que Marco Antonio Parra González sería el nuevo jefe del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita.
BENDICIÓN.- Fue Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno quien pulió el acuerdo con Zendejas Amparán, en el cual también se suscribió aumentar el presupuesto de los Centros de Integración Social e incrementar la plantilla de tutores en Albergues Escolares para reducir la carga de trabajo y otorgar una compensación por laborar tiempo extra.
CONFUNDIDOS.- Con la protesta disuelta y el acuerdo en mano, al dirigente de la Octava le alcanzó para reclamar que Educación del Estado pone en riesgo el ciclo académico 2023-24 ya que no se están aplicando los planes y programas vigentes de la Nueva Escuela Mexicana y los profes están confundidos.
CERTIFICADOS.- Según Eduardo Zendejas, la dependencia giró la instrucción de apegarse al programa de 2017, la secretaria Sandra Gutiérrez –según dijo— no les ha dado una explicación y esto podría provocar que la Secretaría de Educación Pública no expida los certificados de estudios de este año.
SECRETARIA.- Así que por un lado, el líder sindical ni mencionó los libros y llevó el tema al plan de estudios y su validación, y por otro el director general de los SEECH, Donaciano Héctor González secundó la incertidumbre en el programa a seguir y la titular de Educación, Sandra Gutiérrez no emitió posicionamiento alguno. Mucha diligencia en el SNTE y poca contención de la funcionaria estatal a la luz de los hechos.
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RAVES.- El Ayuntamiento de Chihuahua, como se adelantó en este espacio, endureció la sanción a propietarios de bares, antros y granjas que permitan el ingreso a menores. Mas aún, la medida se etiquetó para incluir a los organizadores de fiestas clandestinas –los llamados raves—, donde alcohol y drogas circulan sin distinción de edad.
MULTAS.- El alcalde Marco Bonilla no quitó el dedo del renglón y desde la Comisión de Hacienda se trabajó en reformar los reglamentos de Justicia Cívica, Alcoholes, Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, así como de Diversiones y Espectáculos para aumentar la multa de 500 a 5000 UMA’s.
RIESGO.- Según se expuso ayer, la iniciativa pretende mantener alejados a los jóvenes de los vicios y aplicar orden a quienes lucran induciéndolos y exponiéndolos a situaciones de riesgo.
