TRANSPORTE.- Una propuesta para una nueva Ley de Transporte del Estado, cocinada en la oficina del director general de Gobierno, Joel Gallegos Legarreta, busca no sólo regular, sino gravar a Uber y demás plataformas similares, que hasta la fecha operan sin control alguno pese a que en repetidas ocasiones se ha puesto en evidencia el peligro de dejar suelto este sector, que sobrerregula a través de concesiones a los transportistas convencionales, pero deja suelto todo lo demás.
MERCADO.- Se calcula -sólo se calcula porque nadie lo sabe con precisión- que la cifra de Uber en el estado ronda los 15 mil conductores y automotores, principalmente en Chihuahua y Juárez, cuando los taxis convencionales apenas suman 800, esos sí bien controladitos, con nombre de cada concesionario y chofer y hasta cuántas mascotas tiene cada uno.
DESCONTROL.- Esa cantidad de Uber, que se triplicó a la vuelta de dos años y medio de su ingreso a la entidad, está totalmente descontrolada, pues aunque la empresa coopera con la autoridad cuando se le solicita, la realidad es que toda su información la maneja de forma privada, mientras el estado permanece como espectador, pese a que también representa un problema de seguridad, no se diga fiscal, pues no paga más que impuestos federales a través de sus socios conductores.
BRAZOS.- El problema es real, dicen los que saben, pero aseguran que el Estado no está de brazos cruzados ante una problemática que es urgente atender, pues antes de cualquier negocio debe prevalecer un orden jurídico sobre el que nadie puede ni debe estar, como hasta la fecha ha estado Uber, con el pretexto de que sólo es una aplicación que facilita un acuerdo entre particulares, que no tiene por qué ser objeto del derecho público.
IMPUESTOS.- Por ello es que, dicen, en la nueva norma que se busca para profesionalizar y reglamentar el transporte, más allá de las mafias y las componendas políticas que siempre han imperado en el sector, va por gravar el servicio a favor del estado, aplicar impuestos que sirvan para emparejar el suelo en el que pretenden competir ya no sólo Uber, sino a Easy Taxi, Didi y otras del mismo giro que han entrado o amenazan con entrar y agravar el descontrol.
GUACHOCHI.- La próxima delegada regional de Guachochi de la próxima administración federal, Francisca Ivonne Contreras Peinado sigue mal y de malas, comentan en la región serrana, pues aseguran que rechazó a la propia gente de Morena que sudó la gota gorda en la campaña y decidió meter nada más a familiares para realizar el famoso censo de beneficiarios de programas sociales.
CAPITAL.- En vez de aprovechar el capital humano que representaba gente del partido como Elena Rojo, excandidata a diputada federal por el Distrito 9, Patricio Rodríguez, excandidato a diputado local en el Distrito 22 o Sabino Caro, candidato a síndico, optó por encerrarse en una burbuja y dejar a todo mundo de lado, muy segura con su nombramiento informal.
INCAPACIDAD.- Aunado a lo anterior, comentan, no ha sido capaz de visualizar la necesidad de cambio de estrategia de censo pues hay lugares en la zona serrana donde sencillamente no hay cobertura de red de internet, por lo que la aplicación que están usando no funciona en determinados puntos, y para colmo, aseguran que hay quejosos que denuncian que se les está cobrando por dar de alta en el padrón.
FAMILIA.- El asunto con el tema de la familia es el conflicto de interés que surge dado que su suegro, recuerdan los malpensados, es el eterno cacique de la región de Tónachi, José Payán Ramos, quien sigue administrando ese ejido y de donde Francisca Contreras es nada menos que suplente del comisariado ejidal.
URIQUE.- Mismo caso, comentan, sucede con Flor Ayala, quien se ha ostentado ya como delegada en funciones condicionando el apoyo, por lo que varios se preguntan si esta es la famosa cuarta transformación que tanto cacaraquea el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al tiempo, dicen quienes tienen aún esperanza.
INSTITUCIONALIZACIÓN.- Que César Duarte litigue amparos en el Estado de México, que Alejandro Gutiérrez “la Coneja” obtenga la liberación mediante resoluciones exprés de la justicia federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un ministro cercano al presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina-Mora Icaza, obtenga una especie de fuero inconstitucional al terminar su mandato, no es otra cosa más que la institucionalización de las injusticias en México.
JUSTICIA.- A nivel central la Operación Justicia para Chihuahua de Javier Corral se ve como un artificio político del mandatario, o así se trata de presentar, pero en realidad es la única acción concreta de un gobernante para combatir la corrupción política, que tradicionalmente se simula para controlar los daños.
JUSTICIA I.- Pero meses de trabajo, investigaciones, declaraciones, de búsqueda de evidencias documentales del robo descarado de recursos públicos en el sexenio pasado, que colocaron a Duarte Jáquez como uno de los más ricos priistas que se reportaban al PRI con sus cuotas extraoficiales, no se reducen a la supuesta obsesión de Corral con su antecesor, sino que responden a la demanda de justicia de la sociedad.
CINISMO.- Por ello es preocupante cómo, con la mano en la cintura, jueces y magistrados federales y ahora hasta un ministro de la SCJN, actúan con el mayor cinismo y sin el menor recato, al dictar resoluciones a modo de quienes buscan burlar la justicia, con la base en la misma justicia, la gran paradoja que trata de disfrazarse como una dinámica independiente de instituciones, cuando en realidad es todo un concierto de personajes que buscan impunidad, no más.
SUPREMA.- Esto viene a cuento porque, según los expertos constitucionalistas, la admisión de la demanda de controversia constitucional que presentó el gobierno de Peña Nieto y resolvió Medina-Mora, no se ha visto en su justa dimensión, pues esas decisiones en el máximo tribunal del país sientan precedentes que, como en este caso, pueden dejar impunes delitos comunes cometidos por la clase política.
SUPREMA I.- No es sólo Peña Nieto el que se beneficia por la SCJN a días de dejar el poder; es su gabinete, donde estaban los superiores políticos de César Duarte y “la Coneja”, también beneficiarios de las decisiones de una justicia federal demasiado laxa y generosa.
SUPREMA II.- Pero además se sienta, de confirmarse la tendencia que por ahora ha resuelto a favor del gobierno federal y en contra de los recursos del estado, un precedente negativo y grave que será un filón más de impunidad, como si hicieran falta más, para quien encabece el Ejecutivo y sus secretarios, que se volverán intocables al finalizar cada sexenio, por esa injusticia institucionalizada desde el poder.
CAUSA.- Entre el alud de cuestionables resoluciones de la justicia federal, por cierto, llegó en estos días también la decisión de que por una causa penal de peculado, por apenas 1.7 millones de pesos, “la Coneja” sí sea juzgado en Chihuahua.
“CONEJA”.- El hecho parece menor, si se toma en cuenta que la Procuraduría General de la República y un juez federal exoneraron por anticipado y prematuramente a Alejandro Gutiérrez de una causa penal de mayor valor, la de 250 millones de pesos desviados a través de empresas “fantasma”; pero tiene un significado importante que al menos una causa penal se haya quedado para los tribunales estatales.
PATITA.- Con esto, según los que saben, el gobernador Javier Corral, el fiscal César Augusto Peniche y el consejero jurídico Jorge Espinoza, mantienen agarrado de una patita a Gutiérrez, no sólo por el brazalete geolocalizador y el obligado arraigo en Chihuahua, sino porque el expediente está bastante robusto y lo implica directamente.
PECULADO.- Si la otra acusación de peculado se libró con los argumentos ridículos y cínicos de que eran recursos federales los robados, pero la Federación no se sentía agraviada, y que las empresas “fantasma” de los desvíos no estaban vinculadas con Gutiérrez u otros priistas, este caso es diferente totalmente.
EMPRESA.- En este caso, el que se queda en la justicia local, “la Coneja” aparece como presidente del Consejo de Administración de la empresa Jet Combustibles, a través de la cual cobró injustificadamente 1.7 millones de pesos; y además como director aparece su hijo, del mismo nombre, según la acusación formulada por el Ministerio Público, por la cual se le dictó la prisión preventiva, que luego pudo superar gracias a la justicia federal.
EMPRESA I.- En este expediente, dicen, no hay vuelta de hoja; no hay argumentos para su federalización y sí hay, insisten los que saben, un robustecido expediente que puede llegar a involucrar no sólo a “la Coneja”, sino también a “la Conejita”.
ELECCIÓN.- Acomodadas casi todas las piezas tras la elección interna del PAN, los conocedores apuntan que comienza la sucesión del gobernador Javier Corral o al menos la batalla por ver quién se queda con la candidatura para la gubernatura, que se disputa en el año 2021.
TRIUNFO.- Aunque la euforia de algunos panistas que ganaron algo de lo que estaba en juego no los deja ver el panorama completo, la realidad es que nadie ganó todo, hubo más bien equilibrios naturales en el caso de Chihuahua.
EQUILIBRIOS.- Sí, triunfó la candidata que impulsó Corral, Rocío Reza, lo que demuestra lealtades del panismo al jefe del Ejecutivo y capacidad para obtener los apoyos negociados; pero perdió su gallo por la dirigencia nacional, Manuel Gómez Morín, frente a Marko Cortés, lo que también demuestra el alcance limitado las negociaciones internas.
NACIONAL.- Así, el gobernador llevará mano en las decisiones del PAN Estatal, de mantenerse los equilibrios en sus órganos internos y las negociaciones, pero seguramente la tendrá muy difícil en el Comité Ejecutivo Nacional, y sus respectivos órganos de toma de decisiones, pues se anticipa, con Cortés, la continuidad de un modelo desgastante, poco incluyente y que sólo garantiza participación a los integrantes de la cúpula que logró el control del partido en esta elección.
FORTALECIDOS.- Pero a la vez la dirigencia nacional favorece a algunos actores en Chihuahua, que se apostaron en el proyecto de la alianza de Cortés con Héctor Larios y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
FORTALECIDOS I.- En primer lugar, desde luego, está la alcaldesa María Eugenia Campos, quien fue clave para sacar la dirigencia de Rocío Reza, pero estuvo siempre con Cortés, algunos dicen que por la relación directa con el nuevo presidente nacional y otros que más bien por la cercanía con Larios, pero el caso es que su apuesta y apoyo siempre estuvo definido. Ella no la tendrá fácil en la dirigencia estatal, por razones obvias, pero tendrá acceso privilegiado al CEN.
FORTALECIDOS II.- Otro que se fortalece, abiertamente confrontado con el gobernador Corral, es el diputado Miguel La Torre Sáenz, quien busca la presidencia municipal de la capital, frente al diputado federal Miguel Riggs, que ya contendió en una ocasión y perdió contra el priista Javier Garfio.
RIVALIDADES.- La Torre, operador principal en Chihuahua de Moreno Valle, con quien ha hecho equipo en otros proyectos, tampoco la tendrá fácil en la dirigencia estatal, pero seguro en la nacional no lo bloquearán ni pondrán piedritas en el camino, al contrario; y a la inversa la tendrá Riggs Baeza.
OPOSICIÓN.- En este juego de rivalidades y acomodos, falta ver el papel que tengan los gobiernos del PAN de aquí al 2021, Corral y Campos Galván; y también el papel de Acción Nacional como opositor a nivel nacional, pues ahorita con la elección interna los ganadores se sienten optimistas, pero les falta observar que sus primeros enemigos están en su misma casa y que dependen, en buena medida, de la impresión que dejen los primeros años de un gobierno de Morena.
BALAZO.- A poco más de dos meses de haber recibido un balazo en la cabeza, el doctor Blas Godínez Ortega fue dado de alta la semana pasada, para continuar su recuperación en casa, con su familia, aunque fuertemente custodiado.
CUSTODIA.- A cargo de la seguridad del doctor y de su familia, en una casa de la capital que le prestaron, estarán la Policía Federal y la Policía Estatal, que tienen además de la tarea de resguardar a los Godínez, la responsabilidad de operativos regionales y la investigación para esclarecer la desaparición de su padre, quien fue secuestrado por hombres armados desde el 8 de noviembre del año pasado.
TRAGEDIA.- El nombre del médico es sinónimo de tragedia para algunos, por lo ocurrido a su padre del mismo nombre, desaparecido desde hace poco más de un año y luego lo que le pasó a él; pero pese a ello, según los que le conocen, apenas pueda recuperar la movilidad lo más probable es que se incorpore a su lugar como presidente municipal de Gómez Farías, cargo que actualmente ejerce su suplente Alen Muñoz Loya.
PUESTO.- Al menos es lo que, aseguran, le repiten a Muñoz Loya, de hecho es con lo que le convencieron para asumir el cargo que en un principio rechazaba, hace poco más de dos meses, cuando atacaron a su compañero de fórmula en su propio consultorio, por pasarse de buena gente y atender a un sujeto que llegó quejándose de un dolor y en cuanto se quedaron a solas le disparó a la cabeza.
AVENTADO.- En fin, el caso es que quienes conocen de cerca al médico herido, actualmente en rehabilitación para recobrar la movilidad y otras facultades, aseguran que como es de aventado, será cuestión de unas semanas para que se quiera regresar a su municipio de origen a ocupar el cargo para el que fue electo, postulado por Morena y Encuentro Social.
CÁMARAS.- En la Policía Vial hay un malestar de los agentes obligados a utilizar cámara de solapa, pero no porque les impida o les dificulte incurrir en actos de corrupción, pues no todos son iguales y los corruptos son los menos.
CÁMARAS I.- Su molestia, señalan, se debe a que los están obligando a firmar un resguardo por 399 dólares de cada cámara, por si se les daña o la extravían o lo que sea, pero además otro cobro potencial de 2 mil dólares por equipo de cómputo donde se descarga la información que captan los dispositivos.
RIESGO.- Esos resguardos, que representan una suma de 45 mil pesos “de a chaleco”, los hacen firmarlos a la fuerza, bajo la amenaza de la responsable jurídica Eva Orozco, de que si no lo hacen los mandan castigados a la sierra, donde los agentes estatales no sirven de otra cosa más que de tiro al blanco de los criminales.
EQUIPO.- A lo mejor por las cámaras se puede prestar a pensar mal alguna descompostura, pues claro que no han de faltar los que estén buscando cómo burlar esta medida para cobrar mordidas sin ser vigilados, pero que les quieran cobrar el resguardo del equipo de cómputo, que está en un área al que los agentes no tienen acceso, se ve como un abuso, un exceso que le acreditan al director de la Policía Vial Javier Palacios y al comisionado de Seguridad, Óscar Aparicio.
RETORNO.- Algunos maestros federales y estatales reclaman que se festeje y aplauda el supuesto y muy probable retorno de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, al cargo en el que se ha sostenido Juan Díaz de la Torre, quien tiembla –literalmente, según quienes lo conocen- cuando suena la posibilidad del regreso de la maestra chiapaneca a la cima del SNTE.
FESTEJO.- Pero no es que se festeje, sólo se trasmite por este espacio lo que algunas corrientes dicen y advierten de manera constante, que la falta de líderes en las secciones del poderoso sindicato, el más grande de América Latina, ha provocado que muchos aplaudan y promuevan ese regreso de la polémica acusada y exonerada, presa y liberada.
LÍDERES.- No es que se festeje, pero tampoco se puede pasar por alto, según las quejas de quienes piensan diferente, que Díaz de la Torre a nivel nacional, así como Rosa María Hernández Madero y Ever Avitia Estrada en las secciones 8 y 42 del SNTE, han hecho un papel que va de malo a pésimo en la defensa de los intereses de los profesores.
MAESTRA.- Y la maestra -tachada de corrupta, ladrona, cómplice, asesina y hasta fea- sería lo que fuera, pero tenía un estilo de liderazgo que era respetado o temido, no sólo por la base magisterial sino por sus interlocutores en el gobierno, que no le pasaba sin más una reforma educativa o el recorte de prestaciones porque era “La Maestra”, por algo fue a prisión, no tanto por lavar o robar dinero, cargos de los que fue exonerada por un evidente acuerdo político.
MALO.- Malo o bueno, lejos de calificar un espécimen político como Gordillo Morales y las circunstancias que trajo al SNTE por dos décadas, que además ya está muy calificado; lo que se expone es la realidad, hay una corriente fuerte que la quiere de vuelta, que va por reinstalarla en la dirigencia vitalicia aprovechando la coyuntura del nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador, que además es muy cómodo para ella y para quienes la promueven.
MILITARES.- Sobre el plan de seguridad del próximo gobierno federal, que anunció en la semana el presidente electo, con una fortalecida labor de las fuerzas armadas, la gente de Morena manda algunas precisiones, por aquello de que sobraron los que lo vieron como “pan con lo mismo” o acciones similares a las del sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que sostuvieron una estrategia con base en el Ejército.
LEY.- Primero, dicen, no hay comparación entre la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, que recién abortó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la propuesta de AMLO implica una reforma constitucional que activa la Guardia Nacional, entre otras cosas, no una legislación secundaria como la que se aprobó, en contravención a la Constitución.
CONVENCIMIENTO.- Como se presenta, implica un trabajo de convencimiento y acuerdos para lograr una mayoría calificada en el Legislativo y el Constituyente, reto importante que tiene el presidente y su partido, que si bien goza de una amplia representación federal y en los estados, tampoco es la suficiente para sacarla si no hay una labor política profunda.
AMPLITUD.- Que no vengan, dicen los “morenos” a cargarle ahora toda la responsabilidad de la seguridad a López Obrador, si recibe un desastre en la materia, que tratará de corregir pero no podrá hacerlo solo o con el puro respaldo de su partido, sino que requeriría del respaldo y aportaciones de todas las fuerzas políticas.
GASOLINAZOS.- Por cierto, en otro apunte de los “Amlovers”, dicen que los panistas, de Movimiento Ciudadano y ahora incluso algunos del PRI, quieren aprovechar la misión imposible de bajar los precios de las gasolinas, para descalificar a Morena y a López Obrador, que jamás aprobaron la reforma energética y hasta dijeron que sí podrían abaratarse los costos.
MALVIVIENTES.- Esos, señalan, de plano parecen “cholos” de esos que pintarrajean las bardas, pero además exigen al afectado que las vuelva a pintar y las arregle. Así se ven, critican, cuando salen ahora con sus exigencias de que AMLO corrija el desastre, sin hacer más que pronosticar que será otro fracaso.
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