DEFENSA.- El tema del Presupuesto de Egresos, anunciado por el nuevo Gobierno Federal, trae vuelto locos a todos funcionarios de los tres niveles de Gobierno, pues unos se empeñan en defender lo anunciado por el presidente Andrés Manuel y otros piden reconsiderar los montos que impactarán directamente a los recursos de los estados.
REDUCCIÓN.- Si este polémico presupuesto no mantiene alguna modificación, en 2019, el estado de Chihuahua recibirá exactamente 976 millones 420 mil 985 pesos menos, en comparación al presupuesto de 2018, que representa una reducción de un 23% en términos nominales, dejando con menos dinero de lo que entregaba el expresidente Enrique Peña Nieto.
REDUCCIÓN I.- El presupuesto federal que se proyecta para Chihuahua es de un 44% más bajo que el que se le dio en el año 2016, cuando la entidad recibió 5 mil 884 millones 371 mil 685 pesos, toda vez que para 2019 la cifra presupuestada es de 3 mil 273 millones 762 mil 598 millones de pesos y no se ha anunciado alguna caravana por la dignidad como la organizó en su momento el gobernador del estado a la Ciudad de México.
PERDIDA.- Con esa proyección de gasto federal, Chihuahua habrá perdido 2 mil 610 millones de pesos en los últimos tres años, es decir que año con año ha tenido reducción de ingresos, siendo la administración de Andrés Manuel la que más ha castigado al estado desde los últimos 15 años, según anunció el propio gobernador Corral.
PERDIDA I.- Otros ramos del gasto federal presentan reducciones superiores al 40%, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca que tendrán reducción del 43%; Construcción y Modernización de Carreteras y Caminos Rurales menos un 45.9%; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales menos 48%, es decir que para el próximo año no se espera ni una sola obra de las que ya no se ven desde hace algunos años.
BASE.- La apuesta más dura del Gobierno de la República es incrementar su presencia en medios de comunicación y mantener los apoyos asistencialistas en la población de 12 a 18 años de edad, quienes en próximos años serán la base electoral que le permitirán a su partido estar en la mejor posición para continuar con el mandato.
RETRASO.- La justicia chihuahuense sigue dando de qué hablar, y más aún cuando jueces se ponen de parte de los delincuentes, como el juez Eduardo Alexis Ornelas, quien se ha destacado últimamente por ser un juzgador que retrasa juicios o de plano carga la balanza de la justicia a favor de los imputados para beneficiarlos.
RETRASO I.- Como se sabe, la diputada Blanca Gámez se fue duro y directo en contra del juez de control Eduardo Alexis Ornelas Pérez, quien a través de la causa penal 3741/2018 resolviera no vincular por el delito de violación a un individuo que agredió a su pareja al grado de dejarla al borde de la muerte.
PRUEBAS.- La molestia de la diputada Gámez Gutiérrez es que pese a que la Fiscalía Especializada de la Mujer ofreció pruebas pertinentes para acreditar los hechos, Ornelas Pérez basó su decisión en el argumento de una relación sexual consensuada de reconciliación.
GARANTÍAS.- Lo interesante es que desde el Congreso del Estado se exhortó a que mediante el Consejo de la Judicatura se ordene una visita extraordinaria para verificar que la actuación del juez se haya apegado a los principios y garantías que rigen todo proceso penal con perspectiva de género y derechos humanos.
ENFERMERO.- Sin embargo, este asunto no es un caso aislado, porque el juez Alexis Ornelas también ha retrasado por varios meses la audiencia intermedia bajo la causa penal 2276/2018 en contra de Jorge Ceballos Almengor, a quien le había fijado un plazo para la etapa de preparación del juicio, pero por angas o por mangas lo sigue posponiendo.
ENFERMERO I.- Lo grave en este caso del enfermero es que a pesar de haber suficientes pruebas en su contra, tanto por el homicidio de Laura Soto López, por quien ya fue vinculado a proceso, el juez de control y la Fiscalía siguen sin fincar cargos por el homicidio de cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz y el de Azael Díaz López.
MANOS.- Ojalá y los magistrados tomen cartas en el asunto, no sólo en el caso que está presentando la diputada panista, sino todos los casos que han llegado a manos del juez Ornelas, porque pareciera que en la Sala Tercera Penal, que es donde despacha Ornelas Pérez, la justicia es aún más aletargada.
DEUDA.- Ayer 22 de 33 diputados locales aprobaron la reestructuración de la deuda pública, la cual asciende a 48 mil 855 millones de pesos, por lo que el Congreso le autoriza a Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, realizar las operaciones necesarias por dicho importe.
DEUDA I.- Además de aprobar el refinanciamiento a la deuda pública, la cual en 2016 rondaba los 49 mil millones de pesos de pesos, logró reducir al segundo semestre del 2018 un mil 27 millones de pesos, es decir, se encontraba en 48 mil 20 millones de pesos; los partidos políticos supieron realmente con qué votos contaba cada fracción.
DEUDA II.- Sin duda los reclamos más duros los emitió en el Pleno el diputado Omar Bazán y Miguel Ángel Colunga, sobre todo el primero, al señalar que desconocían qué despacho hará la reestructura al cual se le paga un 8% del equivalente al refinanciamiento, además de reclamar qué funcionarios de Hacienda local nunca explicaron a detalle el fondo y dictamen de la reestructura.
FRACTURA.- La votación de ayer dejó entrever qué tan fracturadas se encuentran las bancadas parlamentarias, ya que al PAN le acompañaron en la aprobación de la reestructura los diputados de Movimiento Ciudadano, PT, Panal, PVEM, 3 del PES y los priistas Ana Chávez y Jesús Velázquez.
FRACTURA I.- En tanto a Morena le apoyaron dos del PRI y Marisela Sáenz, del PES, confirmando la fractura de la fracción del PRI y del PES, que por cierto, aseguran los que saben, la Comisión de Justicia del PRI podrá sancionar a la diputada Ana Chávez, ya que emitió su voto a favor y no en contra, desobedeciendo el acuerdo de su fracción parlamentaria.
CONGRUENCIA.- De manera congruente el diputado morenista Colunga Martínez solicitó que dejaran entrar los manifestantes al Congreso del Estado y que la seguridad que fue instalada al exterior y al interior de la torre legislatura se relajara, ya que no había amenaza real para hacer dicho operativo y que al contrario, se exponía al contingente que se hallaba adentro a no poder hacer una salida de urgencia dado que las escaleras y elevadores estaban bloqueados.
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