AMPARO.- Aseguran los que saben que hoy un grupo de concesionarios del transporte público presentarán un amparo ante un juez federal en contra del acuerdo del Congreso del Estado que envía a la Comisión de Obras Públicas la iniciativa de la Ley de Transporte para Chihuahua, pues solicitarán se integren las comisiones de Movilidad Urbana –cuando menos- al estudio de dicha iniciativa, por ello se espera acuden hoy a pedir la protección de la justicia federal.
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AMPARO I.- Lo anterior dado que según explicaron los concesionarios estarían violando sus derechos al no consultar la iniciativa de ley ya referida en las comisiones de Movilidad Urbana, no únicamente en la de Obras Públicas, situación por la que buscan suspender el proceso que ya inició el Poder Legislativo con el texto enviado por el gobernador Javier Corral.
AGARRÓN.- Aunado a lo anterior, se le suma el “agarrón” entre el presidente del Congreso local René Frías y el diputado Omar Bazán, pues éste último precisamente solicitaba dos cosas: la primera, que se realizaran mesas de trabajo para analizar la ley en varias ciudades de la entidad con el objetivo de que los diferentes gremios fueran escuchados y, la segunda, sumar más comisiones al debate, como la Primera de Gobernación y la de Movilidad Urbana.
AGARRÓN I.- El intercambio de ideas entre Frías y Bazán duró algunos minutos, pues el profe Frías refería que sí serían tomadas en cuenta las sugerencias de Bazán, pero se votarían hasta el próximo lunes, situación que no gustó del todo al priista, pues este jueves la Comisión de Obras Públicas definirá la metodología para analizar dicha ley.
DEPÓSITO.- En relación con el proceso que actualmente se lleva en el Congreso del Estado, de la declaración de procedencia en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez, sobresalen algunos señalamientos recientemente, como la forma en la que depositó 3 millones de pesos en efectivo y no tiene manera de explicarlo, nos informan los que siguen a detalle este caso.
DEPÓSITO I.- Trascendió que toda la investigación del ministerio público de la FGE en estos años se basa en análisis realizado a sus cuentas en las cuales tiene depósitos de cantidades millonarias de acuerdo con la propia información financiera.
DEPÓSITO II.- Al parecer tiene ingresos no justificados que duplican los obtenidos como magistrado, criticándole además que una de sus defensas es que se dice un perseguido político; ahora, se indica, pretende litigar en medios, lo que no ha podido acreditar en tribunales, tan es así que ninguno de sus amparos ha sido admitido.
CANTIDAD.- Para las autoridades, al magistrado no se le ha perseguido por su filiación política ni por sus ideas, pues hay una investigación en curso por la discrepancia de 10 millones de pesos, que no es una cantidad menor.
CANTIDAD I.- Se comenta que el magistrado fue tan descuidado que incluso involucró a su esposa en un caso que tiene similitudes como el de Emilio Lozoya o el de Carlos Hermosillo, donde se hizo parte a la familia de sus asuntos.
OFICIOS.- Por otro lado no se puede dejar de mencionar que el magistrado Ramírez ha sido insistente ante la Comisión Jurisdiccional del Legislativo para pedirles, a través de oficios, le autoricen coadyuvar con el proceso, pues les ha explicado que los diputados integrantes de dicha Comisión han cometido y cometerán errores en el procedimiento, vaya, casi, casi, les dice que por su bien le hagan caso para evitar inclusive cometer algún delito en su contra.
COORDINADOR.- Arturo Daniel Bonilla y Calderón buscará hacer historia al asumir ayer como coordinador del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chihuahua, anteriormente llamada delegación federal del IMSS, aunque llega en un momento complejo.
COORDINADOR I.- El médico con casi 30 años de experiencia conjuntará conocimientos adquiridos en el campo, que incluyen el conocer de primera mano los problemas que enfrenta la gente, los médicos y enfermeros; Bonilla le pondrá el toque humano que necesita la instancia que nunca tuvieron los antecesores al provenir de la política.
DEMANDA.- Pensionados, jubilados y personal despedido de Ferrocarriles Nacionales de México en esta localidad pidieron que la Secretaría de la Función Pública Federal abra investigación contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por presunta complicidad en el destino de sus pagos y liquidaciones.
SEÑALAMIENTOS.- Varios quejosos describieron que desde hace varios meses son sujetos de amenazas y malos tratos por parte de la abogada Armida Molina Sandoval, quien para algunos casos se autocobra comisión de hasta el 80% por solucionarles su problemática y trámites de pagos y, en otros casos, hasta quedarse con la totalidad de los recursos.
VÍCTIMAS.- El hecho es que los afectados exferrocarrileros aseguran dar la cara para corroborar lo sucedido y pedir una investigación judicial contra la abogada que lleva los casos ante la Junta de Conciliación, así como una auditoría de la Secretaría de la Función Pública hacia el Fideicomiso 5012-6, que es donde de manejan los recursos de los pensionados, jubilados, viudas y despedidos de Ferromex.