URGENTE.- Ante la serie de casos de negligencias médicas, y en especial por la preocupación del Colegio de Cirujanos Plásticos, que son los que tienen mayor interés en que se instale en Chihuahua la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, el diputado local Miguel La Torre subirá hoy en la tribuna del Congreso del Estado una iniciativa con carácter de punto de acuerdo para aterrizarla.
URGENTE I.- Dicha Comisión debería existir desde el 2015 y el estado de Chihuahua es de las pocas entidades que se han quedado rezagadas en instalar tal mecanismo de arbitraje médico, para que en casos de quejas, denuncias o negligencias médicas, sean otros médicos especialistas en el ramo quienes decidan si hubo tal falta o descuido.
URGENTE II.- La iniciativa del diputado del PAN se basa en que dicha comisión fue creada por el acuerdo número 64, publicado en el periódico oficial de esta entidad el 12 de agosto de 2015, pero sólo quedó en letra publicada y muerta. Hoy se espera que, de aprobarse, sea incluida en el presupuesto del 2019 y pueda operar realmente.
CARRETERAS.- Dos nuevas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: en la carretera más larga del mundo, la de Delicias-Chihuahua, que nunca se ha podido concluir, las denuncias crecen por algo que resulta bastante sospechoso en algunos tramos en eterna reparación; y la carretera para Aldama ahora dejó de ser tal para convertirse en una especie de avenida o calle secundaria.
MEOQUI.- En el primer caso, nos reportan, unos 7 kilómetros antes de Meoqui, en el sentido norte a sur, sólo fue recarpeteado un carril, el de alta velocidad, mientras que el de baja está, para variar, como si fuera zona de guerra.
SOSPECHAS.- Tiene tanto tiempo ese tramo en ese estado, con un sólo carril mejorado y el otro empeorado, que ya se empieza a sospechar que la empresa contratista y la SCT, como siempre, tienen algún tipo de acuerdo o negocio, para dejarlo tal cual y reportar que se reparó toda la carretera. ¿A poco serán capaces de hacer algo así?
TOPES.- En el caso de la carretera a Aldama, a la altura del kilómetro 17, alguien tuvo la brillante idea de instalar topes, o reductores de velocidad, les dicen, pero no uno, dos o tres, sino 50 de cada lado. Sí, 50 en los carriles de un sentido y 50 en los carriles de otro sentido, además de un paso peatonal para que la gente cruce segura.
TOPES I.- ¿Quién definiría las prioridades en la carretera que, como todas, es de alto tránsito vehicular y escaso flujo peatonal? ¿A poco se atreverían a hacer negocios con cada tope facturado?
TOPES II.- Por este caso, hasta el alcalde de Aldama, Miguel Rubio Castillo, se vio en la penosa necesidad de mandarle un oficio al director del Centro Chihuahua de la SCT, Rafael Chávez Trillo, para que quite esos topes que representan peligro para los conductores y peatones; o para que le permita retirarlos y mandar esa parte de la escasa inversión federal a la basura, pues para nadie es de utilidad.
FRENO.- El presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto Lara, le puso freno al proyecto “Altozano. El nuevo Chihuahua”, que recién había comenzado en la ciudad por empresarios de Michoacán, debido a que no tenía la autorización requerida para garantizar la factibilidad del suministro del vital líquido.
INMOBILIARIOS.- La medida, reportan los que saben, se tomó ante el reclamo de los grupos inmobiliarios locales a los que la autoridad trae cortitos con normas de todo tipo, mientras que esta empresa estaba determinada a irse por la libre, con el argumento de que traía una gran inversión de 400 millones de dólares para la capital, sin atender los llamados a regularizar sus procedimientos en materia de agua, que no es cualquier cosa.
PROYECTO.- Aseguran que el proyecto no se cancela por la decisión, sólo fue presentado el recurso jurídico correspondiente ante la Junta Central de Agua y Saneamiento, para que se someta al orden legal por algo tan sencillo como el respeto a Estado de derecho, sobre todo en algo tan delicado como es garantizar la disponibilidad de agua potable.
LEGALIDAD.- Altozano ha desarrollado grandes extensiones en varias ciudades del país, ya se le reconoce a nivel nacional; en el caso de Chihuahua no había enfrentado, que se sepa, problemas legales o de cumplimiento de normativas, hasta ahora que se topó con la JMAS, a la que había estado tratando de evadir por meses, en requerimientos y llamados para regularizar una de las partes más importantes de su proyecto en la capital.
FIRMAS.- Lo dicho: la exdiputada federal Cristina Jiménez no alcanzó a juntar las firmas que exigía la convocatoria para competir por la dirigencia estatal del PAN, tanto por el monopolio de Rocío Reza Gallegos, que se excedió en la cantidad requerida, como por la falta de estructura de la aspirante para abarcar los suficientes municipios del estado.
IMPUGNACIÓN.- Por ello sacó el as bajo la manga, la impugnación del proceso, con el alegato de que empleados del Comité Directivo Estatal del PAN, qué novedad, le ayudaron a Reza a reunir las firmas, junto con toda la estructura gubernamental.
CARGADA.- Como si no supiera que la cargada, como en los viejos tiempos del PRI, desde siempre ha estado del lado de la excandidata a senadora en la elección pasada.
PRIETITO.- Este será otro prietito en el arroz, que ya lleva muchos, de la sucesión panista, orientado a forzar la participación de Jiménez en la contienda que, por ahora, al cierre de los registros, sólo se limita a Reza Gallegos y a Jorge Puentes, el candidato antidedazo por la dirigencia de Acción Nacional.
INDICADORES.- Para los conocedores, hay tres indicadores alarmantes de Chihuahua en el Índice de Estado de Derecho México 2018, que ayer fue formalmente presentado por la organización World Justice Project, en su primera edición subnacional que abarca las 32 entidades federativas del país.
CORRUPCIÓN.- El primero es el nivel de corrupción, en buena medida producto de un sexenio de excesos como el de César Duarte, que sigue en la impunidad; pero que aún se percibe como vigente en los tres poderes del estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reprobados en la percepción de la ciudadanía en esta materia.
CORRUPCIÓN I.- No es gratis que se perciba corrupción en los tribunales. El gobierno estatal y entre los legisladores, es por algo grave que persiste, la desatención a ciertos rubros del servicio público, la opacidad y falta de transparencia en renglones muy específicos, que también marcan a la administración actual, tal vez no en las mismas proporciones que la pasada, pero también van haciendo mella en la opinión pública.
JUSTICIA.- El segundo punto es otra calificación reprobatoria, ahora en materia de justicia penal, pues no hay investigaciones penales eficientes y eso ha elevado el índice de impunidad; no se percibe respeto a los derechos de las víctimas por más que existan hasta oficinas de nuevo cuño para ello y tampoco se considera que exista un sistema judicial imparcial, independiente y libre de corrupción.
SEGURIDAD.- El tercero es gravísimo: ante la ausencia de una política criminal real, porque la actual parece basarse en desaciertos, por falta de coordinación entre instancias, ubica a Chihuahua con una calificación de .08 sobre la base de 1, la más baja del país en cuanto a los homicidios violentos que, no es un secreto, quedan impunes en su mayoría, sean del narco, del crimen simple o del organizado.
AGUJERO.- En esos tres aspectos, aseguran los que saben de la materia, se fundan los agujeros negros del Estado de derecho. Por eso ahora puede hablarse de impunidad, de crimen fortalecido frente al Estado debilitado y la ausencia de autoridad. Son tres áreas en las que, en los hechos, no se perciben cambios favorables.
ROJO.- Por cierto, en las áreas de seguridad federal y estatal hay verdadera preocupación por signos graves de descomposición en esta materia, desde la llegada del alcalde de Morena, Carlos Tena Nevárez.
ROJO I.- No ayuda la trayectoria del edil en la lucha social, dirían sus defensores; en negocios turbios, según sus detractores. Pero el caso es que no genera confianza en quienes tienen a su cargo la tarea de seguridad en el municipio, es decir las fuerzas estatales, porque las municipales están sometidas o desaparecidas de facto.
ROJO II.- La serie de hechos de violencia que rebotan, de una u otra forma, en la Presidencia Municipal, resulta preocupante porque, dicen, nunca en el municipio habían sucedido tantos hechos vinculados entre la política y el crimen, como ahora, que se acumulan el asesinato de un líder seccional, el de Anáhuac, Jesús Manuel Moncada; amenazas de muerte a la síndica Petra Alicia Meraz y denuncias similares de regidores, todo en el primer mes del nuevo alcalde.
DESATENCIÓN.- Si a eso se suma la desatención federal y la precaria labor estatal, que apenas atiende un frente para cuando ya tiene otros 3 abiertos, el municipio de entrada a la Sierra Tarahumara, y por lo tanto centro importante de operación de los grupos criminales, es un gran foco rojo que casi revienta de tanta intensidad.
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