El delegado federal del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que se encuentran cumpliendo con los niños adscritos al programa Estancias Infantiles, ya que a las madres trabajadoras de menores de 0 a 4 años les han entregado semanalmente lo correspondiente y que la contestación jurídica a los amparos concebidos a 176 estancias de Chihuahua la realizará la Subsecretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México.
Además comentó que respecto a los amparos, la presunción de desacato judicial (por parte de Loera y María Luisa Albores), las vistas que se le otorgó a la Fiscalía General de la República “no proceden, porque no tenemos caja chica para pagar lo que el juez diga, eso se define a nivel central y previo uso del derecho que tiene la Secretaría del Bienestar para contestar los amparos”.
Informó que se ha estado entregando semanalmente el apoyo a las madres trabajadoras que cuentan con niños en estancias infantiles del programa de la Secretaría del Bienestar, “hemos cumplido con atender a los niñas y niñas, se les ha dado el apoyo”.
Explicó que los recursos no están a su disposición, ya que ellos como delegación local del Bienestar son autoridad ejecutora y no ordenadora, y las políticas públicas (programa y reglas de operación de las estancias infantiles), no se diseñan en las delegaciones y sí en la Secretaría del Bienestar.
“Nuestro lenguaje es ‘estamos apoyando a las niñas y niños’ y el lenguaje de quienes han sido adversarios de este programa han dicho: ‘nosotros vamos apoyar a las estancias’, los diputados, hasta mismo Gobierno del Estado”, comentó.
Al cuestionarle si se trata de una batalla política, más allá de las definiciones jurídicas, respondió el delegado: “Por parte del gobierno federal no es una batalla política”, pero de los adversarios se le cuestiona, a lo que responde: “seguramente sí, sí es (batalla) política, de nosotros va a tener una respuesta jurídica apegada a las reglas de operación del programa”.
Los diputados federales, Mario Mata y Miguel Riggs, han asesorado y apoyado a estancias infantiles a lo largo del estado y del país, donde 176 estancias en Chihuahua lograron la protección de la justicia federal, por lo que un juez ordenó al Bienestar entregar cerca de 30 millones de pesos a las 176 estancias, es decir, a más de 5 mil menores, además de darles el permiso para que siguieran trabajando con las reglas de operación de 2018 (de Sedesol) y no las actuales (del Bienestar).
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