Un listado de servidores públicos, líderes de partidos, religiosos, secretarios, regidores y demás personajes del municipio de Chihuahua, se encuentran como presuntos beneficiarios de una lista de apoyos y subsidios que entrega el Ayuntamiento de forma mensual para personas vulnerables o asociaciones civiles.
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Se trata de un apartado de más de 6 mil pagos, que fueron publicados en la sección de transparencia del Municipio de Chihuahua, donde se da a conocer el monto del dinero que se entregó a distintas personalidades por concepto de ayudas y subsidios, entre los que se destacan algunos funcionarios municipales, de Gobierno del Estado, entre otros muchos personajes más, incluso de otros partidos políticos.
El acumulado aproximado del recurso entregado sólo en el año 2018 supera los 100 millones de pesos, con cantidades que van desde los 600 pesos hasta los 4 millones de pesos que fueron entregados por el Ayuntamiento supuestamente para el apoyo de personas de escasos recursos o con fines sociales.
Por ejemplo, por la entrega exclusiva de más de 2.3 millones de pesos que recibieron los regidores como parte de este apartado, y que supuestamente entregaron a la población abierta, la Auditoría Superior del Estado, en la revisión de la cuenta pública 2018 del Municipio de Chihuahua efectuada en el año 2019, generó la observación 037 en la entrega de apoyos sin programa institucional o lineamientos.
“En base al apoyo dirigido a cada regidor, se realizaron sin que se contara con un programa institucional o políticas establecidas, en las que se hiciera conocimiento de la población, las bases y requisitos para ser beneficiario, incumpliendo con el artículo 66 de la Ley de Presupuesto de Egresos Contabilidad Gubernamental, que establece que cualquier apoyo, sin importar cantidad, debe contar con lineamientos”, señaló la Auditoría al Municipio de Chihuahua.
Según el informe de la Auditoría, el Municipio de Chihuahua realiza la entrega de dinero sin reglas de operación o requisitos para que el resto de la población pueda acceder a este beneficio económico, lo cual contraviene con el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social y Humano y los artículos 51 y 54 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental.
Entre el listado aparece una persona que recibió más de 80 pagos, que sumaron poco más de 2 millones 20 mil pesos, que está identificado como José Eduardo Cabada Estrada, quien es el actual subdirector de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua y que al igual que el resto no existe documentación pública que avale que el dinero se utilizó como entrega de apoyos a zonas rurales.
También entre este apartado de apoyos y subsidios aparece Maribel Armendáriz Granillo, quien es la directora del Centro Regional de Educación Integral, se encuentra con varios recibos que acumulan un millón 900 mil pesos.
Otro de los nombres es el presidente del Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, Héctor Manuel Granados Arana, quien en 2018 recibió varios pagos que acumulan poco más de un millón de pesos, además de que en el 2019 fueron detectado por la Auditoría pagos irregulares a su nombre por más de 500 mil pesos, al contratarlo como trabajador en la JMAS, donde nunca existió un solo comprobante de pago.
La actual secretaria del Trabajo en el Gobierno del Estado, Ana Luisa Herrera, aparece con seis pagos por 12 mil pesos, que suman 108 mil pesos que recibió durante el año 2018, cuando ya era funcionaria del actual gobierno, aunque giró un oficio en días pasados avisando que no había recibido tal cantidad de dinero, por lo cual se desconoce a dónde fue a parar esta cantidad que está foliada a su nombre.
La lideresa del PRI y quien también se encuentra en la nómina del Municipio de Chihuahua, Tomasa Rojo Frías, recibió un apoyo de 4 mil 500 pesos, pese a que recibe un sueldo superior a los 9 mil pesos mensuales por su labor en la Dirección de Mantenimiento Urbano, y por el cual ha tramitado más de 10 incapacidades para no acudir a laborar.
A las universidades como la UACh y La Salle, se entregaron cerca de cuatro millones de pesos del erario municipal, de los cuales un millón fue para la UACh y el resto para La Salle, según los registros de pagos que se entregaron en el 2018 como parte de apoyos y subsidios del Ayuntamiento.
Todos los 20 regidores del Cabildo reciben de forma mensual 15 mil pesos, presupuesto que se incrementó en el 2020 a 20 mil pesos mensuales, de los cuales se deberían entregar apoyos a la ciudadanía para repartir a sus distritos, pero que al igual que todos los del listado, no cuentan con reglas de operación ni forma de justificar cómo se gastó el dinero.
Al año, los regidores recibirán 240 mil pesos cada uno, como producto de esas ayudas y subsidios que mantiene el Ayuntamiento de Chihuahua, y algunos regidores que ingresaron a finales del 2018 también aparecen en la lista con pagos que van desde enero a diciembre de ese año, a pesar de que no se encontraban en dicho cargo.
Al conocer del listado y la falta de transparencia en estos pagos, algunos regidores informaron no haber recibido tales cantidades y aceptaron haber recibido 12 o 5 pagos y no más de 30, como aparecen en los listados, por lo que desconocen por qué aparecen tantos montos a su nombre y el destino de ese recurso.
De igual forma, hay varios pagos a nombre de Marco Antonio Bonilla Mendoza, director de Educación y Desarrollo Social, quien recibió en 2018 poco más de 650 mil pesos producto de seis pagos de distintas cantidades, de los cuales no existen recibos o facturas que acrediten en qué se destinó ese dinero.
El síndico Amín Anchondo dijo que ese recurso se entrega de forma irregular sin reglas de operación, que incluso la Auditoría Superior del Estado lo detectó y señaló durante el ejercicio del 2018, cuando encontró que a los regidores les entregaban 15 mil pesos mensuales para gastarlos en “apoyos” que nunca demostraban o justificaban.
“Marco Bonilla, tiene un apartado en la dependencia de apoyos diversos para entregar apoyos a la ciudadanía con reglas de operación definidas. El famoso listado no tiene reglas de operación y no tienen por qué incluir a servidores públicos. No puedo recibir dinero a mi nombre y decir que yo lo entregué a otra persona, eso no se puede”, mencionó el síndico.
Reiteró que existe el caso del director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, quien aparece con 249 mil pesos a su nombre, pero la dependencia nunca gestionó o no tiene facultades para entregar dinero de programas o apoyos a personas “la DSPM no tiene apoyos sociales, entonces cómo aparece o dicen que entregó apoyos”.
Amín Anchondo reiteró que los apoyos no se pueden entregar de esa forma por parte del Municipio, y que incluso la Sindicatura realizó una revisión en meses pasados para obtener la justificación de estos pagos, pero que le fueron negados argumentando que ese dinero no podía revisarlo la Sindicatura, pese a que se trata de recurso público.
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