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Debido la omisión del Congreso para aprobar la Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua anunció que el órgano nacional interpondrá un juicio de amparo contra el Poder Legislativo del Chihuahua.
Lo anterior a efecto de que sea la instancia Judicial la que evidencie la omisión y trascendencia jurídica en que ha incurrido, la cual impacta en la capacidad de fiscalización de la Cuenta Pública y limita la lucha contra la corrupción.
Norma Yadira Lozano Fernández, presidente del CPC del SEA, dijo que el Congreso local ha venido armonizando algunas leyes secundarias, pero hay un evidente retraso en la estructuración que tiene que ver con que los legisladores no se reúnen en comisiones para deliberar al respecto.
Al reconocer que hay estados con etapas mucho más críticas en Chihuahua en torno a la integración de comités anticorrupción, dijo que también falta dotar de presupuesto y otras herramientas para el trabajo de los miembros, además de la designación física de dónde se ubicará el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Tenemos dos años en que ya hubo cambios a nivel federal sobre fiscalización y el Congreso local ha venido armonizando algunos puntos, pero hay retrasos en otros”, dijo.
Cabe mencionar que con base en la Reforma Constitucional en materia de Combate a la Corrupción del 27 de mayo de 2015 y con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción del 18 de julio de 2016, se estableció que los congresos locales debieron expedir las leyes y realizar las adecuaciones para armonizar sus marcos normativos con la legislación nacional.
En este sentido y con base en el Transitorio Segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el H. Congreso del Estado de Chihuahua a partir de la entrada en vigor de dicha Ley (19 de julio de 2016), tenía un año para expedir leyes y realizar las adecuaciones normativas, entre ellas la nueva Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua, que sustituiría a la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua que fue emitida en 2007.
Por tal motivo, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido al Comité Nacional de Participación Ciudadana (CNPC), como una instancia de la sociedad civil conformada por ciudadanos con facultades para dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, y por ende, el promover legítimamente las acciones necesarias para que tenga plena operatividad el SNA.
Finalmente, el Comité de Participación Ciudadana local exhortó al Congreso estatal para que en breve sesionen las comisiones unidas y presenten al Pleno el proyecto de Nueva Ley de Fiscalización, evitando así que este tema se judicialice.
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