“Con los lineamientos que presenta la reforma a la Ley Nacional de Uso de Agua se está restringiendo un crecimiento natural que debería de tener la agricultura”, explicó Alfonso Lechuga, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua.
Lo anterior en relación al tema de la modificación a dicha ley, donde se anuncian temas como la disminución de las concesiones de uso a tan sólo cinco años, así como la única forma de traspaso de permiso sea por sucesión, (o bien por herencia), y la debilitación de la Comisión Nacional del Agua como órgano encargado.
“Nosotros como sector seguimos viendo a la ley como un retroceso, ya que uno de los recursos del sector primario más importante, en México, es el agua y en un tema tan delicado como la concesión y la reducción de periodos de renovación, limita al campo”.
Señala que las concesiones de permisos se están reduciendo a un periodo de cinco años, que pone en riesgo producciones perennes que se dan en Chihuahua, como la manzana, el nogal, el durazno, y la vid o la uva, que es uno que es de nuevo ingreso a la región.
“Lo más grave de esta nueva ley es que no se menciona qué va a suceder con las constancias de registro, de obra registro, de obra en zona de libre alumbramiento, estos son volúmenes inscritos en el Registro Público sobre derechos del agua que le han faltado a la autoridad el realizar los procedimientos para que se conviertan en títulos de concesión”.
Señala Alfonso Lechuga que en gran medida el crecimiento que ha tenido Chihuahua en su agricultura y en las medidas de uso de sus acuíferos se han dado por el uso de estas zonas de libre alumbramientos.
“Hace muchos años que no se han emitido los lineamientos para que éstas constancias se conviertan en títulos, y crear una nueva ley que no los contemplen, termina creando un vacío legal y una incertidumbre sobre estas constancias, que son legales y están inscritas ante la ley”.
Aunado al uso de dichas constancias, el manejo de las vigencias de uso de estos sectores, el cual se ha reducido a tan sólo cinco años, son asuntos que mantienen a la población en incertidumbre.
“Los títulos agrícolas los quieren otorgar con vigencia de cinco años, con el riesgo de que el volumen concesionado se pueda ver disminuido, esto pone en riesgo plantaciones de largo plazo; estos títulos se deben otorgar por 20 o 25 años, como mínimo, para que dé fiabilidad a un negocio a largo plazo”.
Otra de las renovaciones que señalan en esta ley son los pagos por gravámenes ambientales, los cuales están especificados para dónde será dirigido el pago, pero hasta el momento no se ha concretado cuál sería el tabulador del impuesto.
“Va a haber un cobro por cuestiones ambientales, y ese recurso se va a utilizar para temas de reforestación, control de erosión y conservación de cuerpos de agua, pero no se especifica de cuánto van a ser estas aportaciones”.
Entre las modificaciones, otro tema que preocupa a los campesinos es la eliminación de las transmisiones de derechos de uso, dejando únicamente la herencia como único medio para ceder un permiso.
“Esto significa que tú no puedes obtener un título de uso de agua al comprar un terreno o un espacio que ya contaba con él; esto limita la apertura de las nuevas tierras para cultivos en espacios que habían sido abandonados o descuidados y que cuentan con uso de agua”.
Estos asuntos, señala el representante del Consejo Agropecuario, causan preocupación en cuanto a la sustentabilidad de los usuarios que se ubican por toda la cuenca, ya que pone en riesgo el uso del recurso como lo habían estado manejando.
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