CUAUHTÉMOC, Chih.- Durante la pandemia, las personas en situación de calle se vuelven un grupo aún más vulnerable, pues su salud queda en segundo término, cuando lo que buscan es la supervivencia. Néstor Armendáriz Loya, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua, expresó que se necesitan políticas públicas orientadas a atender de manera integral las necesidades de este sector.
Aunque a la fecha no se cuenta con datos precisos de quiénes son, dónde están, qué hacen, uno de los factores que contribuye a esta falta de información fidedigna es que se le considera una población flotante, lo que dificulta incluso el censo de los mismos, se tienen a lo mucho las cifras de los que llegan a albergues, pero esta situación se da principalmente en temporada de invierno, por lo que no representa la realidad.
“Ante la situación actual, la situación de estas personas se agrava aún más, puesto que no pueden satisfacerse sus necesidades más elementales, ya ni siquiera medidas de cuidado, de salubridad, de sanitización y al parecer no son tomadas en cuenta por las autoridades, más bien están dirigidas a la población en general, es realmente un foco de gran riesgo, que debiera contemplarse de gran medida, porque sólo se está tratando de darles albergue, alojamiento, pero tendría que verse de manera más integral y buscar esquemas de atención prioritaria debido a su alta vulnerabilidad”, expresó el presidente de la CEDH.
Las cifras no son certeras, cada vez son más las personas que deambulan por las calles, hurgando en la basura o tratando de pasar el día y encontrar algo qué comer, en su gran mayoría son adultos mayores, niñas y niños o pertenecen a alguna de las etnias indígenas del estado, o bien padecen alguna enfermedad o discapacidad, lo que les coloca en una situación de mucha más alta vulnerabilidad, ya que ellos por sí mismos no pueden proveerse de los satisfactores para sus derechos humanos más elementales, como son la salud, la educación, la vivienda, entre muchos otros, recalcó el funcionario.
Además, constantemente son víctimas de discriminación y rechazo por parte de la ciudadanía en general, mientras que las autoridades los retiran de los espacios públicos o incluso los remiten a las cárceles públicas; en términos generales es necesaria la implementación de políticas públicas orientadas a atender de manera integral todas las necesidades de estas personas, que en nuestro estado son centenas, como un mínimo, concluyó.
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