“En la revisión histórica del conflicto por la exigencia de derecho de libre paso entre pobladores de las comunidades aledañas a la caseta de peaje de Sacramento y el Gobierno del Estado, y su contraste con el enfrentamiento violento ocurrido este fin de semana en la región, encontramos claros indicios de intervención de provocadores ajenos a la región”, advirtió el diputado Fernando Álvarez Monje, quien también calificó como experto en manifestaciones y protestas al diputado Miguel Ángel Colunga.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN dijo que la autoridad fue puntual al advertir que “pese a la concertación que se ha logrado con los auténticos interesados, se ha hecho visible la participación de grupos ajenos a la región, quienes se han aprovechado para golpear al Gobierno y tratar de ganar adeptos en este tema, con lo que gentes que no son pobladores de las comunidades aledañas a la Caseta se han aprovechado y evaden el pago de la misma.
“Esa concertación a la que se refiere la autoridad se ha concretado con la entrega de más de 2 mil 239 tarjetas de descuento, de las cuales mil 458 otorgan descuentos a tasa cero, un incremento superior al 900% del padrón de beneficiarios”, precisó.
Aclaró que los vecinos del lugar en estos acuerdos aceptaron el cierre de la brecha, pues los ingresos de la caseta de peaje están comprometidos para pagar la deuda heredada de la anterior administración, además de que los derechos de los auténticos pobladores y ejidatarios están a salvo, con la posibilidad abierta de acercarse de manera individual para solicitar su tarjeta preferencial acreditando los requisitos.
Álvarez Monje advirtió que el Código Penal del Estado de Chihuahua califica como delito de sabotaje (artículo 347) cuando una persona actúa con la intención de entorpecer ilícitamente servicios públicos y como responsable de motín (artículo 347) a quien para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, en forma tumultuaria amenacen a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación o por medio de violencia en las personas o sobre las cosas perturben el orden público.
“Acción Nacional reconoce la determinación del Gobierno del Estado de hacer prevalecer el orden y el Estado de Derecho y rechaza enérgicamente que intereses ajenos y opuestos al desarrollo armónico de la población, de la paz y de la seguridad pública, confronten de forma violenta a las autoridades en actos de provocación con evidentes fines de lucro político”, puntualizó.
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