Desde el pasado 12 de abril, el delegado Juan Carlos Loera presentó un escrito al Segundo Juzgado de Distrito con la intención de solicitar a la Secretaría de Bienestar se agilicen los pagos a guarderías, una vez se notificó sobre los amparos ganados por guarderías, esto el 22 de marzo pasado.
Juristas allegados al caso explican que el documento no deja sin efecto las sanciones administrativas y multas previstas, pero sí pueden librar a Loera de un procedimiento penal.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal Chihuahua emitió el 12 de abril el oficio BIE/128.01.01.19/99 en el cual se lee:
Asunto: Se rinde informe incidente por Exceso o Defecto en el incumplimiento de la Suspensión concedida mediante proveído de veintidós de marzo de 2019 en los autos del juicio de amparo 513/2019 promovido por Sandra Elizabeth Vizcarra.
Cabe mencionar que el documento fue firmado, por ausencia de Loera, por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano, Enrique Ronquillo Hermosillo.
En el texto se asienta: Que en el término de 24 horas a partir de que se encuentren debidamente notificadas del auto de fecha 10 de abril del 2019, informen sobre el cumplimiento que hayan dado a la suspensión concedida mediante proveído de veintidós de marzo del presente año.
En la redacción se indica que ante la recepción de la sentencia que ordenaba dar cumplimiento a los pagos a las estancias infantiles; Loera de la Rosa asienta: “Por lo anterior, para esta delegación resulta jurídica y materialmente imposible dar cumplimiento a la medida cautelar concedida a la parte quejosa, sin embargo, las acciones implementadas y conforme a las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar)… se remite oficio para que el Director de Políticas Sociales de la Secretaría del Bienestar realice las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la medida cautelar que la autoridad judicial le concedió a la quejosa”.
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