Un esquema de posible desvío de recursos públicos fue detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al encontrar contratos de cinco municipios con despachos contables para que se hicieran cargo de presuntos “trámites” de devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual se genera de forma gratuita y en automático según los acuerdos de coordinación fiscal en el país.
Fueron 7 millones 210 mil 049 pesos los que entregaron cinco municipios para que personas particulares hicieran “trámites” para recuperar el impuesto, sin embargo, al analizar la cuenta pública de 2019, se detectó que no existe un solo registro o justificación del trabajo que hayan realizado los despachos para recuperar el dinero, por lo que no existe pista de dónde quedó dicho recurso público.
Se trata de los municipios de Cuauhtémoc, Guachochi, Juárez, Manuel Benavides y Meoqui, que hicieron este tipo de contrataciones bajo el esquema de recuperación de impuestos, a pesar de que el mismo se recupera de forma automática, por lo cual se generaron observaciones ante la Auditoría Superior del Estado.
En los informes de la Cuenta Pública se encontró este tipo de contrataciones dentro de cinco municipios de los 67 que abarca el territorio estatal, lo cual fue observado como un pago “improcedente” al no tener justificación, toda vez que no había necesidad de generar algún trámite similar, ya que desde 2015 se recupera el impuesto de forma automática.
El municipio de Cuauhtémoc entregó 2 millones 632 mil 937 pesos a una persona física, identificada como Arturo Díaz Zamudio, para hacer la devolución de dicho impuesto, pero no se encontraron documentos que acrediten la necesidad administrativa del municipio para llevar a cabo la contratación para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta Participable.
La evidencia de los servicios “contratados” no fue presentada por el ente fiscalizador de acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría legal, fiscal, gestión y trámites para la implementación de los mecanismos necesarios para dar cumplimiento cabal a las disposiciones fiscales en materia de retención y entero del Impuesto Sobre la Renta por pagos de sueldos y salarios y asimilables a salarios, así como la correcta emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).
Algo similar sucedió en el municipio de Guachochi, donde se entregaron 384 mil pesos a Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret SC para asesoría legal, gestiones y trámites por parte del prestador ante el Servicio de Administración Tributaria o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que demuestre que derivado de las gestiones del prestador se obtuvo el beneficio para el municipio en cuanto a las recuperaciones del ISR.
Al revisar la cuenta pública de 2019, el municipio no proporcionó la evidencia documental de la asesoría legal, gestiones y trámites, toda vez que la recuperación del impuesto es gratuito y automático.
En la Observación 7 de la Auditoría Superior en el municipio de Manuel Benavides, se erogaron 343 mil 634 pesos a la persona física de nombre Manuel Servando Salcido Treviño, para que recuperara el impuesto de 120 empleado que se concentran en el ayuntamiento, por lo cual recibía 17 mil 400 pesos mensuales, lo cual se consideró un pago injustificado, al igual que los pasados ayuntamientos.
Algo similar sucedió en el municipio de Meoqui, donde el ayuntamiento contrató a Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret, para el servicio de devolución de ISR, por el cual celebró un contrato por 926 mil 014 pesos por concepto de asesoría legal y fiscal, gestión y trámites “para dar cumplimiento cabal a las disposiciones fiscales en materia de retención y entero del Impuesto Sobre la Renta por pago de sueldos y salarios y asimilables a salarios, así como la correcta emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)”.
“Se considera improcedente dicha erogación en favor de la moral Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret. No es necesario que se realice solicitud o trámite adicional alguno, para que sean entregados dichos recursos de manera automática y sin generar, en ningún caso, costo alguno para las entidades o sus municipios; adhesión, autorización o registro a empresas, despachos o algún otro tipo de organismo privado que ofrezca servicios para la realización de dichos trámites”, refiere la Auditoría estatal.
Otro de los municipios que simuló contrataciones para la devolución del ISR fue Ciudad Juárez, el cual entregó a Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret la cantidad de 2 millones 923 mil 464 pesos para la recuperación del impuesto, por lo que, al igual que los anteriores, no existe justificación o documentación que avale la entrega de dicho recurso.
Ante estos hechos, en los cinco municipios se hizo una denuncia de los hechos para que se tenga conocimiento de la presente observación y, en su caso, presente la denuncia ante la autoridad competente, para que se realice la investigación por la posible comisión de hechos delictivos, a los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos por concepto de servicios de recuperación del ISR, omitiendo contar con evidencia documental que acredite que los pagos realizados fueron producto de los servicios prestados por el proveedor, hechos que pudieran derivar en la actualización del supuesto establecido en el artículo 270, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Cabe mencionar que desde 2015 los municipios, como los estados, de acuerdo con el convenio fiscal permite el retorno del ISR de forma automática sin necesidad de trámites, solicitudes o pagos a despachos contables o personas particulares para buscar la devolución del mismo.