El sistema Declaranet del Órgano Interno de Control es una herramienta efectiva implementada por el Gobierno Municipal de Chihuahua en la lucha contra la corrupción, ya que permite detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses entre funcionarios públicos, y que se utiliza durante la presentación de la declaración patrimonial 2024.
En el municipio de Chihuahua, los funcionarios iniciaron el proceso de presentar sus declaraciones desde el pasado mes de abril, para agilizar el proceso de un estimado de 5 mil personas, de las cuales ya se ha avanzado un porcentaje importante.
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La fecha límite es hasta el 31 de mayo, como lo indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se realiza a través del Sistema Declaranet OIC.
Por lo anterior, el Órgano Interno de Control enfatizó que trabaja constantemente en impulsar acciones que salvaguarden el cumplimiento de las metas de la Administración Pública Municipal, por lo que continúa dando seguimiento para que todas y todos los servidores públicos del Gobierno Municipal de Chihuahua presenten su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en su modalidad de modificación.
Los antecedentes de esta disposición de transparencia iniciaron el 18 de julio de 2016, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretada por el Congreso de la Unión.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como cumplir con sus obligaciones, y definir las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Se considera que es un sistema de responsabilidades moderno y eficaz, que permite el monitoreo y evaluación de los servidores públicos y de los particulares, cuando son vinculados a faltas administrativas, y que establece procedimientos ágiles que garanticen el debido proceso para aquellas personas que se encuentren sujetas a un procedimiento de responsabilidades.
