El diputado Omar Bazán demandó al gobierno estatal y a la presidencia municipal de Chihuahua rindan un informe al Congreso del Estado sobre la situación real y actual de las familias que habitan el Fraccionamiento Rinconada Los Nogales y el Estado cumpla la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recordó que en noviembre de 2014, un estudio de impacto ambiental realizado por COESPRIS al agua de los tinacos de las viviendas reveló que ésta contenía plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40, muy por encima de lo permitido.
Las familias afectadas se vieron en la necesidad de crear una organización llamada “Familias Unidas por la Salud de los Niños” por sus siglas “FAMUNISA”, por medio de la cual solicitaron la intervención y apoyo del Gobierno del Estado, del Congreso del Estado, del Municipio de Chihuahua y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En noviembre del 2015 el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaria General de Gobierno y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del Fraccionamiento, firmaron un convenio para prevenir y garantizar la salud integral de los miembros de las familias afectadas, así como proveer el pago de 41 viviendas, brindar atención en materia de salud, indemnizaciones por secuelas de la contaminación, entregar viviendas en comodato, entre otras.
Javier Corral Jurado, en aquel entonces Senador de la República, dijo que llevaría este caso a las últimas instancias, “sin embargo, ahora como gobernador, se ha negado a recibir a las familias que le han solicitado audiencia desde hace tres años”, señaló el legislador priista.
“Es necesario que se brinde atención médica integral para estas familias y en su caso, se les otorgue la indemnización a la que tengan derecho”, agregó.
Vecinos agrupados en la asociación FAMUNISA, indicaron que el convenio no se ha cumplido ya que solo unas familias fueron reubicadas y por ello presentaron una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una denuncia colectiva en la PGR en 2016 y otra vía civil también colectiva.
En marzo de 2004, el instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVI) ahora llamado Comisión Estatal de la Vivienda del Estado de Chihuahua (COESVI), adquirió varias hectáreas donde se llevó a cabo la construcción del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” en terrenos contiguos de la antigua Fundidora Avalos, donde aún se localizan depósitos de escorias, residuos minero- metalúrgicos y jales generados durante la operación de la fundidora.
Tras su cierre, los residuos no tuvieron una disposición final, ni el manejo debido o tratamiento así como tampoco se tuvo una remediación del ambiente en el sitio para la dispersión de esos contaminantes en el área.
Los vecinos han señalado que al momento de la construcción y planificación del fraccionamiento, las autoridades tanto estatales como municipales, incurrieron en diversas irregularidades en licencias, uso de suelo y demás documentos relacionados a la construcción, ya que los terrenos aledaños tanto del fraccionamiento como de la Fundidora Avalos, se encuentran contaminados por varios metales pesados tales como: Plomo, Arsénico, Cadmio, Zinc, Cobalto40, Mercurio, entre otros.
Este fraccionamiento cuenta con cientos de casas de interés social en sus diferentes etapas donde habitan niños, mujeres, hombres y adultos mayores, así como también cuenta con áreas verdes, planteles educativos, centros de salud y plazas comerciales, que están a escasos 50 metros del perímetro donde se sitúan los residuos de la planta que desde la apertura de esta zona urbana, todas las personas que ahí habitan han estado expuestos a los diferentes metales antes mencionados que son nocivos para la salud.
En el 2006 se llevó a cabo un estudio sobre el impacto ambiental realizado por el laboratorio Earth Tech México.
La Coespris notificó al Secretario de Fomento Social, que en el suelo de la zona existía una concentración de 511 microgramos de plomo, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 establece como límite concentraciones máximas de 400 microgramos.
De acuerdo con los resultados de otro estudio realizado por la Coespris en 2012 denominado “Exposición humana al plomo”, a 119 menores en edades de 4 a 15 años, que radican en la zona de Ávalos, reveló que la mayoría presentaban niveles que rondan desde los 17.51 microgramos de plomo por decilitro de sangre.
Hubo casos donde se encontraron niveles de plomo hasta de 48.8 o más, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece un máximo de plomo permisible en la sangre es de 10 microgramos por decilitro en los niños.
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