Somete el narco a policías y alcaldías
Asesinatos, secuestros, ataques a edificios públicos y quema de viviendas son algunas de las medidas del crimen organizado para mantener el control en la zona
Ricardo Holguín Pérez / El Heraldo de Chihuahua
La presencia de los dos grupos del crimen organizado que operan en el estado de Chihuahua y se coordinan con otras entidades aledañas generan una desestabilización importante en diferentes rubros, ya que por sus intereses colocan o remueven funcionarios, asesinan candidatos, compran mandos o adquieren protección de seguridad y en algunas ocasiones se encargan de sembrar el temor entre estudiantes, docentes, empresas o sector salud, quienes terminan por no atender algunas comunidades del estado.
Los acontecimientos se han generado desde hace más de 7 años, sin embargo, de 2017 a la fecha se han incrementado el número de acontecimientos relacionados con políticos, mandos de seguridad y otros casos, donde incluso han perdido la vida funcionarios a manos de la delincuencia organizada, según los reportes generados por la Fiscalía General del Estado, quien se encarga de las investigaciones.
Los hechos más recientes ocurrieron a inicios del mes de marzo, donde el hijo del presidente municipal de Villa Ahumada Juan de Dios Valle, Juan Uriel Valle Badillo, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez. Días después en el aeropuerto de la misma ciudad, el alcalde ahumadense estuvo a punto de morir de la misma forma, cuando fue atacado a balazos.
La Fiscalía General del Estado ha relacionado el último ataque con intereses de los grupos criminales que operan en la frontera, lo que mantiene acéfala la Presidencia Municipal de Villa Ahumada, porque no han nombrado algún interino o persona que ocupe ese cargo en lo que reaparece el alcalde.
En 2018 fue una de las épocas más aterradoras para los pobladores del municipio de Ignacio Zaragoza, ubicado al norte del estado, que incluso estuvo a punto de alcanzar los índices de inseguridad de Ciudad Juárez, toda vez que en menos de seis meses asesinaron a un candidato, quemaron viviendas de políticos, mataron al tesorero municipal, al síndico y constantemente se generaban enfrentamientos armados en la zona.
Esta “ola” de ataques obedecían a la imposición de candidatos en el lugar, ya que los mismos pobladores revelaron a El Heraldo de Chihuahua que el Cártel de Sinaloa apoyaba a un candidato y el Cártel de Juárez apoyaba a otro candidato, por lo que decidieron acudir a sembrar el terror entre los habitantes, a través de la quema de viviendas, ejecuciones, robos y hasta degollaciones.
En mayo de 2018, la candidata a regidora Liliana García murió degollada cuando se encontraba en campaña por el PRD, al igual que unos militantes de su campaña que apoyaban al presidente Reyes Felipe Mendoza, a quien de paso le incendiaron cuatro propiedades entre negocios y domicilios.
Dentro de las investigaciones realizadas en el lugar, se estableció que Florencio Nevárez Franco, quien buscaba ser edil de Ignacio Zaragoza, presuntamente tenía intereses con La Línea, toda vez que sus hermanos José y Jorge son los principales líderes criminales de esa organización, quienes realizaron desmanes el pasado 6 de mayo.
A la fecha se conoce que la candidata Liliana García, el síndico Antonio Quezada y tesorero municipal Guadalupe Payán fueron asesinados por grupos del crimen organizado de la zona norte del estado, donde habrían tenido una serie de intereses que al no cumplirlos decidieron privarlos de la vida.
A 30 minutos de Ignacio Zaragoza se encuentra el municipio de Gómez Farías, otro territorio que se mantiene en conflicto con grupos criminales, donde se reportó la desaparición del director del Hospital Regional, Blas Juan Godínez Loya, quien fue privado de la libertad en 2017 por un grupo de sujetos armados, quien a la fecha no ha sido localizado en vida o sus restos, además de que no existe pista alguna sobre su paradero, sólo que pudieron habérselo llevado luego de un enfrentamiento armado.
Su hijo Blas Juan Godínez Ortega inició la búsqueda de su padre por varios meses, incluso derivado de su activismo logró la candidatura por Morena para la Presidencia Municipal de Gómez Farías, pero en septiembre de 2018 estuvo a punto de perder la vida, luego de que un sujeto solitario le disparara en la cabeza.
Actualmente Gómez Farías tiene un alcalde interino, que despacha fuera del poblado, ante el temor de la presencia de los grupos criminales que operan en esa zona, ya que son los principales responsables de los enfrentamientos, desapariciones e índices de inseguridad que se generan en los alrededores.
En la zona de Madera y Namiquipa por años se ha identificado la colaboración entre elementos de seguridad con grupos del crimen organizado, que presuntamente sirven para el Cártel de “el Jaguar” (Madera) como La Línea en Namiquipa, según las detenciones, declaraciones y resultados de los operativos que ha realizado la Fiscalía General del Estado en esa zona.
En Madera, en agosto de 2019 fueron detenidos 15 elementos de la Policía Municipal, incluido el director José Luis M. M. por brindar protección a Francisco A. M. “el Jaguar”, luego de que impidieran la detención del mismo en un operativo especial, por lo cual logró escapar mientras que los municipales eran detenidos.
En repetidas ocasiones se había filtrado videos, mantas y otra evidencia donde hablaban que la Policía Municipal habría tenido nexos con el Cártel de “el Jaguar”, incluso se dieron a conocer nombre de funcionarios que entregaban dinero a esta organización criminal, para que pudiera operar en Madera, lo cual terminó sólo con la detención del director de la corporación municipal y sin investigar a ningún funcionario de esa administración.
En Madera estuvo como jefe policiaco Roberto “el Mudo”, quien también fungió como escolta de funcionarios en la ciudad de Chihuahua, ahora es el encargado de las disputas de la región noroeste del estado.
En Namiquipa algo similar sucedió, pues el que en su momento era el líder criminal de la región Carlos Arturo Q. Q., “el 80”, colocó a su tío como el director de la Policía Municipal, Daniel G. Q. y a través de él obtuvo protección oficial de agentes para su grupo criminal, además de que postuló a la Presidencia de Bachíniva a su suegra, Silvia Mariscal Estrada, por el Partido Revolucionario Institucional, que al ser descubierto se cambió la candidatura.
A más de 400 kilómetros al sur de Namiquipa, en el municipio de Chínipas, algo similar ocurrió pero con el grupo denominado Los Salazar que en 2016 intentó postular a un familiar de Crispín S. Z., Juan Miguel Salazar Ochoa, por el PRI, quien luego de la controversia que se generó el Partido Revolucionario Institucional decidió no postularlo y en su lugar invitó a Salomé Ramos Salmón, quien también resultó tener nexos con el grupo criminal al tener una hermana comprometida con el líder criminal Jesús Alfredo S. Z.
Esto fue denunciado por la periodista Miroslava Breach y ahora que se lleva el juicio oral de Juan Carlos M. O., “el Larry”, explicaron que esa organización criminal denominada Gente Nueva Salazar es la que controla la economía de esa región, define qué insumos llegan al lugar, imponen mandos policías y funcionarios públicos.
En San Francisco de Conchos, Bocoyna, Anáhuac y Álvaro Obregón han sido los lugares donde elementos de la Policía Municipal deciden renunciar por los constantes ataques armados que surgen y luego de que sus compañeros sean asesinados, que en algunos poblados como Bocoyna dejaron sólo cinco agentes para atender todo el municipio.
En Parral por lo menos se conoce que cinco elementos municipales colaboraron con el grupo de Los Salgueiro, quienes además de ser acusados del robo de combustible y cuestiones del crimen organizado, controlaron la trata de mujeres en el sur del estado y esto lo realizaban con ayuda de agentes municipales.
En Urique se encuentra José Noriel P. G. “el Chueco”, hermano de Mayra Díaz Gutiérrez, alcaldesa de esa región, quien controla el grupo del Cártel de Sinaloa y ha tenido una decena de intervenciones como la muerte de un turista extranjero, a quien confundió con un agente de la DEA en 2018; también es acusado de la desaparición de tres zacatecanos que viajaron a la sierra y hasta el momento no han aparecido.
A finales de 2019 e inicios de 2020 fue detenido el director de Seguridad Pública de Janos, Fidel Alejandro V. V., quien es acusado de brindar protección al grupo La Línea en esa zona del estado, además de su presunta participación en el ataque a la familia LeBarón en noviembre pasado, donde murieron 9 personas, entre ellas 6 niños.
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