El gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, Kamel Athié Flores, aseguró que 9 de los 10 pozos que la familia LeBarón tiene en el rancho La Mojina, vecino del ejido Constitución en Buenaventura, son ilegales, pero recurrieron a un juicio que se encuentra en marcha, por lo que la Conagua está a la espera de la resolución en tribunales.

“Que nos traigan la documentación que acredita la legalidad de los pozos y se acaba el problema. Pero no la tienen, tienen documentos apócrifos para los 9 pozos, que no pueden operar en una zona que está en veda desde 1957”, aseveró el funcionario federal, quien señaló que la Conagua por ahora sólo puede llevar el litigio, independientemente de los problemas que surgen entre los pobladores de las comunidades.

“La realidad es que no hemos podido verificar la legalidad de los pozos de los LeBarón, perforaron sin concesión y luego lamentablemente buscaron el amparo”, criticó Athié Flores, quien insistió en que el acuífero por el que se genera la disputa no puede ser explotado con nuevos pozos desde hace décadas y sólo uno de los 10 que existen está en regla, con una autorización legal desde antes de la veda.

El funcionario se refirió al conflicto en el rancho de los LeBarón de ayer, cuando se enfrentaron con integrantes de El Barzón pobladores de comunidades cercanas del Frente Unido para la Defensa del Agua, que desde hace meses reclaman la perforación y operación de pozos en la zona del acuífero vedado.

Explicó que las concesiones dadas por la autoridad desde antes de la veda para extraer agua de riego, pueden seguir operando y éstas pueden cambiarse mediante transacciones legales. De esta forma fue que los LeBarón obtuvieron una de esas autorizaciones, que ampara un pozo de los 10 que existen en el predio.

De las otras 9 no hay registro oficial ni documentación que ampare su legalidad, por ello son ilegales, aseguró Athié Flores, quien informó que los LeBarón han mostrado documentos apócrifos con los que amparan su operación.

Reconoció que los documentos de esos 9 pozos, que son el origen del conflicto, pudieron haber sido obtenidos mediante algún acto de corrupción en la Comisión Nacional del Agua en administraciones pasadas, pero ello agrava la ilegalidad con la que pretenden operar en el rancho, no les permite hacerlo.

En cuanto a la intervención de la Conagua, dijo que debe esperar los tiempos del Tribunal de Justicia Administrativa para proceder, por lo que actualmente sólo puede llevar el litigio y demostrar que los pozos son ilegales y los responsables deben enfrentar las consecuencias de operarlos, como son las clausuras y las multas que impone la ley.