El ex Auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, dio a conocer una serie de injusticias que ha padecido desde que fue detenido el pasado 2017, asegurado que es víctima de una persecución política por parte del Gobierno del Estado, que se enfoca por mantenerlo en prisión.

Aunque ha presentado denuncias de tortura, denuncias penales y una serie de recursos más para que se actué en su caso, ninguna autoridad le ha querido tomar la palabra, ya que asegura que la justicia del estado está manipulada para mantener la persecución política entre algunos ex funcionarios estatales.

“Las amenazas de las autoridades de proceder penalmente contra mi familia nos han obligado a tramitar 4 amparos con la finalidad de que la justicia federal las proteja de los abusos y excesos cometidos por el Gobierno de Chihuahua y por lo que inicie la huelga de hambre” dice el ex auditor.

Comentó que tras de más de un año de su detención, ha iniciado a movilizarse, al ver que la justicia es solo para unos cuantos, por lo que pretende evidenciar algunas irregularidades y dar a conocer la versión de los hechos que presuntamente el Gobierno de Chihuahua busca ocultar.

Explicó que diciembre de 2011, con 30 votos de los 31 diputados presentes en la sesión de ese día, fui electo por el Honorable Congreso del Estado como Auditor Superior del Estado de Chihuahua por el periodo constitucional diciembre 2011- diciembre 2018.

Y en diciembre de 2016, dos meses después de que Javier Corral Jurado tomará protesta como Gobernador de Chihuahua, el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Carlos Soto Prieto, anunció ante medios de comunicación que presentaría varias denuncias penales y administrativas en su contra, tras sufrir una agresiva campaña mediática y política en contra mía y de mi familia, se vi obligado a presentar mi renuncia como Auditor Superior el 13 de febrero de 2017.

“Dado que a través de diferentes medios de comunicación me enteré sobre las denuncias que el Diputado Jorge Carlos Soto Prieto presentó en mi contra, contraté un equipo legal para presentar diversos escritos ante la Fiscalía General de Chihuahua, con la intención de que se me diera a conocer si existía alguna carpeta de investigación en mi contra y ponerme a disposición de las autoridades para cualquier investigación, pero ante la falta de respuesta de la Fiscalía estatal, promoví un amparo que me fue concedido a principios de junio de 2017” explicó Jesús Esparza.

Explicó que en mayo del 2017, viajó junto a mi esposa a la Ciudad de México para practicarme exámenes médicos ya que requería una intervención quirúrgica esofágica la cual realizaría el Dr. César Decanini Terán en el mes de junio. Previo a mi cirugía viajé de fin de semana con mi esposa a Palenque, Chiapas, llegando el día 8 de junio al medio día, y contando con regreso a la Ciudad de México para el día 11 de junio.

12 horas después de haber llegado a Palenque, le fue girada orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el 10 de junio, en la orden de aprehensión, comentó el ex Auditor, que se evidencia dos graves irregularidades por parte del Gobierno de Chihuahua: primera, el uso de geolocalización sin orden judicial para ubicarlo, “uno de los agentes que me detuvo me hizo saber que me ubicaron por mi teléfono y segunda, el argumento de que me encontraba prófugo de la acción justicia, ya que además de haberme puesto a disposición de las autoridades con frecuencia, tanto en la línea aérea en la que viajamos como en el hotel, mi esposa y yo nos identificamos y utilicé mis tarjetas de crédito para el pago”.

Explicó que en la audiencia inicial, el juez de control hizo válido el informe policial homologado presentado por el Ministerio Público con información falsa, argumentando falta de arraigo para dictarme prisión preventiva por un año y a partir de mi detención, cada seis meses me han notificado una nueva carpeta de investigación con el objetivo de mantenerlo en prisión preventiva.

“Hasta el momento se me ha vinculado a proceso por 5 causas penales, cuatro por el delito de peculado y una por ejercicio ilegal del servicio público. De acuerdo con la legislación vigente, como Auditor Superior no tenía dentro de mis atribuciones recibir ni ejercer el presupuesto de egresos, por lo que no deberían acusarme del delito de peculado” explica.

Para el mes de febrero de 2018 presentó una denuncia por la tortura y el trato cruel e inhumano del que he sido víctima dentro del Centro de Reinserción Social número uno de Chihuahua, sin que en estos 10 meses la Fiscalía del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna otra autoridad hayan dado seguimiento.

Refiere que l Fiscalía General de Chihuahua ha violado su derecho a la presunción de inocencia al difundir boletines de prensa reproducidos por medios de comunicación locales y nacionales con mi fotografía sin censura, nombre completo, así como fotografías, nombres, direcciones y hasta datos bancarios de esposa e hijas, con la finalidad de anidar anticipadamente la idea de culpabilidad ante la sociedad.

“El 3 de diciembre del presente año mi defensa solicitó la acumulación de mis causas penales por conexidad, lo cual fue desechado por el juez Alexis Ornelas, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica que negar la acumulación contraviene los principios del debido proceso y de prontitud en la impartición de justicia, ya que deja abierta la posibilidad de que los Derechos Humanos de un indiciado se sometan al mero arbitrio de la autoridad, lo que hace indebido el ejercicio de la acción penal y vulnera el principio de oportunidad” insiste.

De igual forma, para los días 7 y 10 de diciembre del presente año, su defensa solicitó en audiencia cambio de medidas cautelares, las cuales fueron negadas. La negación de conceder la acumulación fue la causa por la cual no se otorgó el cambio de medida cautelar, a pesar de haber presentado ante el juez el dictamen favorable sobre la evaluación de riesgos elaborado por el Instituto de Servicios Previos a Juicio, el cual acredita arraigo y nulo peligro de sustracción ni obstaculización de la justicia o riesgo para la víctima, testigos o la comunidad.

Además de haber acreditado arraigo, defensa indicó al juez que la reparación del posible daño se encuentra garantizada con diversos bienes inmuebles que la fiscalía mantiene en aseguramiento desde noviembre de 2017 y cuyo valor incluso supera el monto total del daño de las causas penales que se me imputan.

“Ante la negativa de concederme el cambio de medida cautelar por una menos lesiva, como lo sería el uso de brazalete electrónico, y ante las constantes amenazas de la Fiscalía de Chihuahua de abrir causas penales contra mi esposa e hijas utilizando de manera ilegal como única prueba los dichos de un testigo protegido, además de la desatención médica por las autoridades de Chihuahua, el lunes 10 de diciembre a las 8:00 horas inicié huelga de hambre por periodo indefinido” comentó.

Jesús Esparza, comentó que persecución política, el hostigamiento mediático y las irregularidades jurídicas de las que su familia y él han sido víctimas constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mexicana y en la normativa internacional y los Pactos de los que México forma parte.