Enfermedades de trasmisión sexual, embarazo adolescente, educación deficiente y falta de servicios médicos efectivos es parte de las problemáticas que viven las niñas y mujeres de la zona serrana en Chihuahua, donde la manera de educar desde la niñez es libre, autónoma y responsable, lo que en cierto modo también las hace vulnerables.
La organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) se ha dado a la tarea de emprender el proyecto para visibilizar la violencia de género entre las indígenas ralámuli y ódami, donde además los hombres participan en el taller de masculinidades y aportan soluciones para mejorar la vida de las niñas y mujeres, situación que repercute en el bienestar de la comunidad.
La derecho humanista y experta en educación popular Diana Villalobos Díaz, directora de Contec, destacó que tras la convocatoria del DIF Estatal para el programa Puertas Abiertas, la organización decidió trabajar en dos comunidades de Urique, una de Bocoyna, una de Carichí y una de Guadalupe y Calvo, sitios donde la marginación, la resistencia por el territorio y la violencia han marcado su paso por este mundo. El planteamiento inicial fue embarazo en adolescentes, debido a la alta incidencia que existe en el estado.
Un grupo multidisciplinario se encargó de la consulta a los pueblos indígenas, tendieron los puentes necesarios para el diálogo con niñas, niños, mujeres y hombres, además del análisis estadístico e investigación sobre la problemática que enfrentan.
Una vez entablado el diálogo se realizaron talleres con los miembros de la comunidad. Con las niñas y niños se trabajó la prevención de la violencia en las escuelas. Con los hombres, en talleres de masculinidad, a propuesta de las mujeres y con las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia.
“La respuesta fue muy buena, se logró que la comunidad hablara de sus problemas y propusiera como solucionarlos”, comentó Diana.
El equipo multidisciplinario de Contec, conformado por abogadas, antropólogos y antropólogas, feministas y terapeutas, descubrió que en la comunidad indígena no existe un término para determinar el lapso de la adolescencia, las niñas y los niños aprenden lo necesario para su vida adulta, asumen responsabilidades desde pequeños, lo que para la cultura ralámuli y ódami es normal.
La investigación arroja que la cultura mestiza en su relación cotidiana con la indígena ha tenido impacto negativo, por ejemplo en el tema de las adicciones y en la construcción del machismo. “Antes era otra construcción cultural la que tenían las comunidades”, afirma que el grado de impacto depende del municipio, qué tan cercana está la comunidad mestiza y sus historias de resistencia.
Diana afirma que la investigación arrojó que existe abuso sexual contra menores de edad, sin embargo la denuncia no es común, por lo que no existe una medición real del impacto. “Las niñas y mujeres son muy vulnerables, ellas anda a pie, andan cuidando chivas, andan solas y solas van a la escuela y a la tienda, son muy libres”.
Explicó que la manera en la que educan los ralámuli a las niñas y niños es libre, autónoma, e independiente, desde chiquitos andan solos, por lo que los agresores pueden ser indígenas y mestizos, que andan drogados o borrachos.
Su manera de educar es ideal, es como se debería hacer, así lo establece la Convención de los Derechos de los Niños, pero es necesario allegarlos de información para que vayan tomando las decisiones correctas a fin de disminuir su riesgo de vulnerabilidad”.
Los indígenas no conocen que existe una política pública para atender el embarazo adolescente. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaria de Salud, en los municipios antes mencionados es muy alto el índice de embarazos, detectando casos de niñas entre 8 y 10 años de edad, lo que se considera como violación. Para Diana existe un subregistro. La incidencia más alta se presenta a los 17 años, seguido del grupo de 14 años.
Una problemática que enciende un foco rojo es la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Diana afirma que la falta de educación con pertinencia cultural, educación sexual y la efectividad de las acciones de salud son parte del problema.
La sífilis congénita, sífilis adquirida, vulvovaginitis, tricomoniasis, sida y herpes genital son las de mayor incidencia en el grupo de 25 a 44 años, seguido del de 20 a 24. El municipio con más incidencia es Bocoyna, seguido de Urique, y luego Carichí. Se piensa que en Bocoyna se debe a que se trata de una zona turística o porque se trata de un problema que no ha sido atendido.
En estos municipios las más afectadas son las mujeres, de acuerdo con las estadísticas, aunque se piensa que es debido a que los hombres no acuden al médico.
Reitera que la falta de información y educación sexual es evidente, con las encuestas se percataron de que la mayoría conoce los métodos anticonceptivos y los usan, pero no saben sobre las enfermedades de transmisión sexual, no existe la prevención y por si fuera poco en las escuelas primarias no revisan los capítulos que tienen que ver con la anatomía y la sexualidad. “No les está llegando la información a la gente, ni los servicios de salud adecuados”.
Diana además explica que las adolescentes indígenas no cuentan con un plan de vida, ya que no existen escuelas de nivel secundaria y lo peor es que cuando se gradúan de primaria, lo hacen sin saber leer ni escribir.
En cuanto a la justicia, los integrantes de la comunidad señalan que conocen de casos que golpean a las mujeres y no pasa nada. Una de las soluciones aportada por los varones es retomar los juicios a los agresores y fortalecer los órganos de gobierno al interior.
La propuesta de los indígenas se complementa con La Mayora, persona que se encarga de darles consejos a los niños, regularmente es una persona de edad avanzada y forma parte del sistema de gobierno. Así como Los Capitanes, una figura parecida a los policías.
En esta nueva convocaría de Puertas Abiertas se busca formar promotores comunitarios que platiquen en su lengua a fin de que tengan suficiente información y la compartan en reuniones comunitarias. “La educación debe ser permanente”.
Diana considera que el Gobierno pudiera emprender una campaña de información en lenguas originarias, así como ampliar el acceso a la justicia, ya que no hay ministerios públicos suficientes, ni tampoco una política pública que ayude a los indígenas en cuestiones de adición.
“La gente está interesada en seguir platicando y si se logra la formación de promotores y si la comunidad lo desea se iniciará un registro de las problemáticas que les afectan”.
Te puede interesar: