El juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez resolvió no celebrar la audiencia de formulación de cargos contra María Eugenia Campos Galván, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa Ramírez, al considerarse impedido de forma legal de llevar a cabo la misma debido al amparo a la suspensión provisional 102/2021 y a que el Ministerio Público no otorgó la carpeta de investigación completa a los involucrados.
En un lapso de dos horas, el juez consideró que no se había solventado la solicitud de haber entregado la carpeta de investigación completa a los imputados, por lo cual deberán certificar cada copia y entregar toda la información que viene en dicha carpeta, además de que deberán esperar a la suspensión definitiva del amparo para reanudar una nueva audiencia inicial.
En punto de las 9:00 horas, se llevó a cabo lo que debería ser la audiencia inicial, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, donde los presuntos responsables, abogados y ministerios públicos acudieron para debatir sobre si se iniciaba o no la audiencia de formulación de cargos en contra de los ex diputados locales.
Los abogados Francisco Molina Ruiz y Pedro Gómez Ibarra expusieron al juez Samuel Mendoza que no habían recibido la carpeta completa, además de que tuvieron sólo seis días para analizar más de 26 mil fojas, lo que consideraron humanamente imposible, y por lo cual solicitaron más días para dar lectura a toda la investigación.
En esta segunda audiencia preliminar, las partes debatieron sobre las garantías para el acceso a una adecuada defensa, toda vez que al no conocer o tener poco tiempo para analizar las más de 26 mil fojas, se consideraron vulnerables para plantear una defensa adecuada de los presuntos responsables.
En representación del ministerio público, Eduardo Chaires Coss refirió que se había cumplido con la entrega de los documentos, incluso que se habían entregado de forma digital, además de que las 26 mil fojas no todas cuentan con escrito en el reverso, por lo que el número se podría reducir de forma considerable.
Agregó que el Poder Judicial de la Federación ya había concebido la negativa de la suspensión provisional, por lo cual quedaría sin efectos el amparo, sin embargo, el juez local comentó que es necesario que las partes sean notificadas sobre esta decisión que será el momento para volver a agendar una fecha para dar paso a la audiencia inicial.
Luego de que ambos tomaron la palabra durante esta nueva audiencia, el juez resolvió que no se podía llevar a cabo la audiencia inicial, hasta que el juez federal notificara sobre la suspensión definitiva del amparo y que se entregue toda la información que los imputados han venido solicitando desde hace varias semanas.
“No se ha cumplido con la prerrogativa, realizar un pronunciamiento ajeno a la materia de la Litis al juicio de amparo, traería una posibilidad de incurrir al incidente de suspensión, hasta el momento no hay notificación de la suspensión, hasta el momento si no hay pronunciamiento de la autoridad federal y no me adelantaré a pronunciarme”, mencionó el juez.
Como segunda causa de haber diferido la audiencia, también abundó que está inconclusa la entrega de las constancias de investigación, por lo que analizó que los imputados no podrían llegar con una defensa adecuada debido al volumen de hojas que se integran en dicha carpeta de investigación.
“Me parece se garantizaría la defensa adecuada y un principio de igualdad entre las partes, si partimos que la fiscalía, según se advierte en el debate, tiene desde el 2017 integrando la carpeta, contra seis días, bajo ninguna circunstancia se garantiza el derecho de igualdad, entre cuatro años contra síes días, no quiere decir que se deba prorrogarse cuatro años para la defensa, pero la incidencia es válida y se puede cambiar la audiencia”, comentó.
Hasta el momento, no se tiene una fecha estimada de la próxima audiencia de formulación de cargos, sin embargo, el juez comentó que deberá ser el día que resuelva el amparo el juez federal y cuando la Fiscalía General del Estado finalmente entregue todo el material en contra de los presuntos responsables.