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Alrededor de 100 familias del Fraccionamiento Pensiones, en el sur de la ciudad, tomaron el periférico Francisco R. Almada a la altura de Zootecnia, en protesta por el desalojo de seis viviendas por parte de la Fiscalía del Estado.
Una de las personas afectadas, que se reservó su nombre, dijo a El Heraldo que se trata de “un juicio por el delito de despojo por la invasión de unas viviendas de Pensiones Civiles del Estado. Pero nosotros tenemos ya tres años viviendo aquí y en mesas de trabajo, con pláticas de compraventa, con la intención de pagarlas, de mejoras al lugar, ya que ni siquiera se ha entregado a municipio, lo único que hemos buscado todo el tiempo es comprar las viviendas”, aseguró.
“Entonces ahorita llegan a las siete de la mañana un puñado de ministeriales al mando de la titular de Delitos Patrimoniales, Isis Morales Carbajal”, señaló.
La afectada asegura que hasta la última mesa de trabajo, el licenciado Joel Gallegos les informó que las casas se van a vender por medio de una subasta, “que nunca nos dijo la dinámica, nunca se rifó absolutamente nada”.
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Añadió que el apoderado de Pensiones, licenciado Alvarado, “nos dijo que si el gobernador dice sí se venden, las casas se venden. Pero lo que vemos aquí es que nosotros hemos cumplido con todas las citaciones por parte Fiscalía a los juzgados, ante el juez, y hoy realizan esta arbitrariedad, sin tomar en cuenta la contingencia sanitaria, los derechos humanos de los niños, absolutamente nada”, lamentó.
“No es posible que nos dejen en la calle en medio de una pandemia, somos son 370 familias que estamos en esa misma situación que las personas de esas seis casas”, señaló.
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La mujer cuestionó “por qué la policía no hace realmente su trabajo, este fraccionamiento fue creado en el sexenio pasado, con demasiadas irregularidades, porque aquí era un predio para los pobres, de un programa que se llamaba Su Casa, e hicieron casas para los derechohabientes de Pensiones, con altos precios, ya que cuestan 570 mil pesos casas de 50 metros cuadrados, con adobe”.
Por último señaló que dichas casas eran utilizadas para venta de drogas, altercados y otros delitos, “nosotros las rehabilitamos y fue cuando ingresamos a vivir aquí. Gobierno se burla del jod.. y no se vale”.
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