Por lo menos tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado han utilizado sus facultades y atribuciones para contratar o ascender a sus esposas a mejores cargos dentro del mismo Poder Judicial, los cuales dos fueron por instrucción o bajo el respaldo del propio presidente, Pablo Héctor González Villalobos.

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Datos de empleados obtenidos a través de la Unidad de Transparencia, destacan que Gabriel Armando Ruiz Gámez, Gerardo Javier Acosta Barrera y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, tienen trabajando o promovieron a sus esposas a mejores cargos dentro del Tribunal, donde pueden percibir alrededor de 100 mil pesos mensuales, más prestaciones y estímulos.

Se trata de: Verónica Peña Bibriezcas, Geanina Isidra Gaxiola Arellanes y Cinthya Solís López, quienes son esposas de Gabriel Ruiz, Gerardo Acosta y Jorge Ramírez, respectivamente y quienes son magistrados del Poder Judicial.

Por parte del magistrado Gabriel Ruiz, su esposa, Verónica Peña Bibriezcas, pasó de directora de Notificaciones a titular de Central de Oficiales Notificadores y Ministerios Ejecutores, donde percibe cerca de los 85 mil pesos mensuales, sin contar algunas prestaciones como gratificación anual, vacaciones, entre otros más.

La promoción de la esposa del magistrado Gabriel Armando, según los datos recabados a través de la Unidad de Transparencia y personal del propio Tribunal Superior de Justicia, en el mes de octubre de 2019 el presidente Pablo Héctor González designó la propuesta para que Verónica (esposa del magistrado), obtuviera un ascenso al interior del Poder Judicial, donde además sus ingresos se incrementarían.

La propuesta se presentó ante un consejo de cuatro personas, donde su esposo Gabriel se abstuvo a emitir un voto a favor o en contra, el consejero Joaquín Sotelo se abstuvo a emitir un voto; el magistrado Roberto Siqueiros Granados votó a favor al igual que el presidente Pablo Héctor González, con lo cual Verónica Peña obtuvo su nuevo cargo a finales de 2019.

En el mes de septiembre del mismo año, el presidente Pablo Héctor González nombró de forma directa a otra esposa, ahora del magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, Geanina Isidra Gaxiola Arellanes, quien la designó en Relaciones Públicas adscrita a la Presidencia, nombramiento facultado sólo por el titular de la Presidencia de dicho Tribunal.

Geanina Isidra Gaxiola Arellanes, según lo estipulado en las remuneraciones bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, publicado en la página de Transparencia del Poder Judicial, recibe un sueldo aproximado a los 90 mil pesos sin gratificación anual y otros estímulos que contempla las percepciones de este organismo Judicial.

Con las promociones o nuevos cargos que recibieron las parejas de ambos magistrados, las percepciones de ambas se elevaron de manera considerable, según la actualización de presupuesto que se determinó para el 2020, el cual no ha sido publicado de forma oficial, pero que tendría un incremento de entre los 20 a los 50 mil pesos según fuentes al interior de Tribunal.

Los nombramientos fueron impulsados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el de Geanina Isidra, no se sometió a algún tipo de consideración del consejo, toda vez que era un puesto que debe ser designado únicamente y por instrucción del actual presidente, mientras que el de Verónica fue propuesto por Pablo Héctor y sometido a votación de un consejo donde se incluyó al magistrado, esposo de la candidata.

Las percepciones de los titulares del poder oscilan entre los 175 mil pesos para el presidente, seguido de magistrados y consejeros que rondan los 130 mil pesos y lo siguen las direcciones administrativas donde fueron colocadas ambas mujeres, que podrían llegar a recibir los 107 mil pesos cada una de ellas, con las percepciones económicas que ofrece el Tribunal.

En la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dentro del artículo 108 del capítulo III, se explica, que las y los cónyuges y parientes en línea recta de los miembros del Consejo, así como sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no podrán ser simultáneamente miembros del mismo o de sus órganos auxiliares y unidades administrativas.

Es decir que los magistrados no podrán tener familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, trabajando en áreas auxiliares o administrativas, en este caso los cargos a los que fueron promovidos en pasados meses, ya que la misma Ley del Tribunal Superior de Justicia prohíbe estos nombramientos.

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