El Poder Judicial del Estado, dentro de un periodo de enero a marzo de 2020, logró vincular a proceso a 57 personas por el delito de robo en artículos valuados a menor a mil pesos, incluso a uno de ellos por robo de 210 pesos, luego de que un joven intentara robar cinco desodorantes de una tienda de conveniencia, por lo que se inició un proceso judicial en su contra, le formularon cargos y lo mantuvieron en prisión.
Estas 57 personas no contaron con algún tipo de beneficio como ocurrió con el presunto delito cometido por el magistrado Jorge R.A., quien fue capturado el 22 de marzo por no justificar en su patrimonio más de 10 millones de pesos, pero al contar con una serie de estrategias penales, logró librar la prisión y quedar en horas en libertad.
En la ciudad de Chihuahua se registraron un total de 24 casos en los que se iniciaron procesos penales formales, por robos cometidos por debajo de los mil pesos, de un periodo que comprende de enero a marzo y que sin algún tipo de beneficio, tuvieron que permanecer en prisión preventiva por los hechos que cometieron.
En Delicias se contabilizaron 5 casos, Parral 4, Jiménez 2, Juárez 19, Meoqui 2 y en Saucillo una detención similar, dejando un total de 57 causas penales iniciadas por robos cometidos en ese concepto, según los registros del propio Poder Judicial del Estado como de la Fiscalía General del Estado.
Entre los casos destacan una detención realizada por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes el pasado 24 de marzo detuvieron a un hombre que había robado cinco desodorantes, por lo cual fue capturado y le iniciaron un proceso penal por haber tomado 210 pesos en mercancía.
Pese a que la ley fue justa con cualquiera de los 57 detenidos por haber cometido un delito de carácter penal, no sucede lo mismo con personalidades o funcionarios públicos que conocedores de los beneficios o espacios judiciales optan por buscar recursos para evadir la justicia.
En este sentido, la Fiscalía General del Estado inició una investigación a finales de febrero en contra del magistrado Jorge R.A. por presuntamente haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito por poco más de 10 millones de pesos, que a lo largo de los años no logró justificar en su declaración patrimonial.
Pese a que se llevó a cabo un proceso de investigación, recuperación de evidencia, expedientes y demás datos de prueba, se solicitó el desafuero del magistrado y todo lo necesario para que se iniciara un proceso penal en su contra; el Primer Tribunal del Poder Judicial de la Federación consideró que no podía ser detenido por tener fuero y pidió su libertad de inmediato, por lo cual no pudo siquiera iniciar la apertura de la audiencia.
Por parte de aquellos delincuentes o presuntos responsables de cometer robos de menor cantidad no tienen beneficios penales como sucede con algunos grandes desviadores de recursos, que en cambio los protegen de cualquier intervención como ha sucedido con el exgobernador César Duarte Jáquez.
En la comparativa de los casos, en agosto el propio Poder Judicial del Estado inició una proceso penal en contra de una de sus empleadas, luego de que robara una barra de mantequilla de menos de 50 pesos, lo que generó una polémica en la ciudad por las medidas que se habían tomado, incluso el gasto que representó el generar audiencias y proceso que superó los más de 100 mil pesos.
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