A días de que termine el plazo para la regularización de vehículos de procedencia extranjera a través del Decreto Presidencial, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se anunció la ampliación de este periodo hasta el mes de septiembre del año 2026, por lo que este mecanismo de importación seguirá vigente por dos años más en todo el país.
Esta medida se aplicará principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades federativas que tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos de América y Canadá.
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Debido a la buena recepción del programa y la persistente demanda de regularización, se considera necesario ampliar su vigencia. Así, se ha emitido un nuevo decreto que extiende el plazo hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo que más ciudadanos puedan beneficiarse de este proceso.
A través de este mecanismo se permite regularizar vehículos extranjeros, con cinco años de antigüedad, a través de un pago de 2 mil 500 pesos que se entregan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), más los impuestos estatales, respectivamente.
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El Diario Oficial de la Federación ha publicado varios acuerdos y decretos relacionados con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, iniciando con el acuerdo del 18 de octubre de 2021 y el Decreto del 19 de enero de 2022, seguido de su fe de erratas y reformas posteriores a lo largo de 2022.
Este conjunto de disposiciones estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Posteriormente, el 29 de diciembre de ese año, se emitió un nuevo decreto para continuar con la regularización, el cual ha sido modificado en diversas fechas hasta marzo de 2024.
Gracias a estos decretos, se informó que se logró la regularización de aproximadamente 2.5 millones de vehículos, lo que proporcionó certeza jurídica y protección patrimonial a los propietarios, además de mejorar la seguridad pública, al contar con un registro de los propietarios de estos vehículos, lo que permite prevenir su uso en actividades ilícitas.
Asimismo, el programa de regularización generó una recaudación aproximada de 6 mil 398 millones de pesos, recursos que han sido utilizados para la pavimentación de diversas zonas en los municipios de las entidades federativas participantes, mejorando la infraestructura en beneficio de sus habitantes.
